La diputada del Frente Amplio por el Distrito 6, Francisca Bello, ofició recientemente al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas para solicitar información sobre cambios en la gestión interna del organismo. La parlamentaria actuó tras recibir antecedentes que indicaron una reasignación de funcionarios desde unidades críticas hacia el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, con el fin de reducir el retraso en la tramitación de solicitudes, lo que, según la legisladora, ocurrió en detrimento de funciones esenciales como la fiscalización y la vigilancia de cauces en el territorio nacional. hídrica
Esta acción legislativa surgió a raíz de informaciones que dieron cuenta de un traslado de personal desde áreas críticas hacia el Departamento de Administración de Recursos Hídricos. El objetivo de esta medida interna fue disminuir el acumulado de retrasos en la tramitación de derechos de aprovechamiento de aguas, regularizaciones y autorizaciones de obras. Sin embargo, la parlamentaria advirtió que esta estrategia administrativa generó un desequilibrio operativo que puso en riesgo la capacidad de respuesta del Estado frente a las necesidades hídricas de las comunidades.
Para ilustrar las posibles consecuencias de esta situación, la diputada recordó un oficio anterior mediante el cual exigió una inspección urgente de la DGA en el Estero Riecillo, ubicado en la comuna de Los Andes. Esta solicitud se realizó tras denuncias ciudadanas sobre una drástica disminución del caudal que amenazó a la fauna acuática y generó fuertes sospechas sobre eventuales captaciones ilegales aguas arriba. Bello enfatizó que resolver el atraso administrativo no debió hacerse a costa de debilitar la presencia estatal en terreno.
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En el mismo documento, la legisladora manifestó su profunda preocupación por el estado de avance de instrumentos clave, como el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos y los Planes Estratégicos de Cuencas. Asimismo, alertó sobre una eventual disminución del personal especializado en estudios, planificación y participación territorial. Finalmente, la parlamentaria concluyó que el país requería de una institucionalidad capaz de compatibilizar la gestión administrativa con la protección efectiva del agua para enfrentar la escasez hídrica que afectaba a miles de usuarios.
