Bajo la administración de la presidenta Bachellet estalló un escándalo que afectó a miembros de su familia en el denominado caso Caval y que se refiere a información privilegiada en torno al cambio de uso de suelo para un negocio inmobiliario y que involucró a funcionarios públicos y a particulares.
La alta exposición y ribetes de ese negocio que escaló hasta la misma moneda obligó a sacar una legislación denominada “ley de mercado de suelos y cuyo número es 21078“, donde el objetivo principal fue dar transparencia a todo el proceso relacionado con los cambios de uso de suelo bajo los planes reguladores y planes intercomunales.
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Para estos efectos la ley fija en su artículo 28 octies procedimientos para asegurar la participación de la ciudadanía y dar la mayor información posible para transparentar todo el proceso. Entre las normas introducidas se encuentra todo lo relacionado a la participación ciudadana y a la invitación a las organizaciones comunitarias vía carta certificada y se obliga a que toda observación debe ser respondida por el organismo público que desarrolla el instrumento de ordenamiento y planificación territorial.
Otro aspecto normado son dos procesos determinantes siendo estas la imagen objetivo y luego el anteproyecto, en ambos casos el rol de la comunidad es muy relevante, dado que toda observación que se formule debe ser respondida de manera fundada de parte la entidad que elabora el respectivo plan (regulador o intercomunal) ya sea en la etapa de imagen objetivo o anteproyecto.
Hay que tener presente que estas normas fueron introducidas para transparentar la actualización de los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial y evitar nuevos escándalos con el uso de información privilegiada para hacer un buen negocio. De modo tal que la comunidad tenga la mayor información sobre los usos de suelo, donde unos se benefician y otros se perjudican, lo cual dependerá de la zonificación propuesta por la autoridad y las condiciones de subdivisión e índices de constructibilidad.
Pues bien, en ese contexto es que llama la atención que en Puchuncaví no se haya cumplido con la ley y se tengan reparos sobre la participación ciudadana en ambos instrumentos, tal como lo señalara la concejal Andrea Lodi en la última sesión del consejo municipal, donde puntualizó que en el caso del plan Intercomunal en la etapa de imagen objetivo aprobado por el consejo regional, se concluyó luego de un análisis riguroso que el ministerio de vivienda omitió comunicar en este proceso a un centenar de organizaciones y solo se informó a una cifra estimada en 300 entidades.
Ahora bien , esta baja comunicación tiene incidencia directa en la transparencia del acto administrativo, al impedir que cientos de organizaciones comunitarias conozcan la propuesta que propone el ministerio de vivienda para Puchuncaví, en la actualización del plan Intercomunal en el área que la Corte Suprema denominó como zona afectada por los episodios de contaminación , pues este cambio es consecuencia del recurso de protección presentado por la comunidad luego de varios episodios de contaminación con consecuencias sobre la comunidad .
En el fondo esta omisión de parte del Minvu evita que todas las organizaciones legalmente constituidas tengan la información sobre qué zonas serán intervenidas como áreas urbanas, zona para industrias y donde estarán los gravámenes, para que estas entidades a su vez bajen la información a sus bases.
En definitiva, la concejala Andrea Lodi ha puesto la alerta sobre el incumplimiento de parte del Minvu de una de las normas más relevantes de la ley de mercado de suelos, como es la información y transparencia de todo el proceso y donde la participación es determinante. Es decir, la concejala ha advertido que cientos de organizaciones pese a su existencia legal no fueron invitadas oficialmente a participar de este proceso.
Sin embargo, llama la atención que algunos sectores minoritarios se enojen por este alcance de la concejala y por el contrario debieran felicitarle por poner el punto en ese incumplimiento, el cual claramente de ser corroborado por la contraloría devela una negligencia del ministerio de vivienda.
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Todos debieran colaborar en que tanto el plan Intercomunal como la actualización del plan regulador tengan la mayor participación ciudadana posible y como resultado de ese ejercicio democrático una mayoría plasme su mirada sobre el crecimiento y desarrollo de su comuna y no sólo se plasme en estos instrumentos de planificación y ordenamiento territorial la visión de sectores minoritarios pero bulliciosos.
