El 8 de julio, un grupo criminal liderado por E. J. secuestró y torturó a Mauricio Tapia en Conchalí. La víctima, miembro de la misma organización, fue mutilada y obligada a comer parte de su oreja como castigo por una deuda de droga. El caso, que conmocionó al país, reveló la brutalidad con la que operan estas bandas en Chile y el uso del secuestro como herramienta de control interno. Su importancia radica en exponer una nueva dimensión del crimen organizado, donde la violencia extrema no busca rescate, sino imponer disciplina.
El secuestro de Mauricio Tapia no fue un crimen aislado, sino un acto planificado dentro de una estructura criminal altamente organizada. Los hechos comenzaron cerca de la medianoche del 8 de julio, cuando Tapia fue interceptado en Conchalí por cuatro sujetos que lo subieron a la fuerza a un Kia Sorento blanco. Desde ese momento, inició un calvario de casi tres horas en el que fue golpeado, quemado con cigarrillos y sometido a vejaciones físicas y psicológicas que traspasaron cualquier límite humano.
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El centro de operaciones donde ocurrió la tortura fue un inmueble ubicado en Robert Kennedy 5233, en Conchalí, aunque la red criminal tenía ramificaciones directas en Quintero. Allí, en medio del cautiverio, uno de los captores grabó con un cuchillo la letra “J” en la espalda de Tapia, una marca que simbolizaba la autoridad de Elías Jordan, el líder del grupo. La mutilación de su oreja derecha y la orden de ingerirla fueron el punto más escalofriante del castigo, diseñado como un mensaje ejemplar para otros miembros de la organización.
Tras la liberación de Tapia en las primeras horas del 9 de julio, las investigaciones de la Fiscalía Ecoh y la Policía de Investigaciones permitieron reconstruir la estructura de la banda. Un mes después, el 7 de agosto, las autoridades realizaron un operativo simultáneo en Conchalí y Quintero, deteniendo a ocho personas, entre ellas E. J. S. D. y su pareja C. S. S., considerados los cabezas del grupo. En los allanamientos se incautaron drogas, armas, municiones y equipos para la distribución de estupefacientes.
La red criminal utilizaba al menos cuatro propiedades como centros de acopio: tres en Conchalí y una en Loncura, Quintero. Este último inmueble, ubicado en Pomabamba, funcionaba como punto de almacenamiento y venta de drogas, y estaba bajo el control de P. H. H. y C. C. G.. La localización en Quintero evidenció la expansión territorial de la organización, que aprovechaba la zona para operar con mayor impunidad y conectarse con rutas delictivas en la Región de Valparaíso.
Según el subprefecto Hassel Barrientos, de la PDI, Tapia no era una víctima ajena al crimen, sino un miembro activo de la banda encargado de un punto de venta de drogas. Su secuestro obedeció a una supuesta deuda de 140 mil pesos por ventas no rendidas, lo que desató la ira del líder. “Esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales, con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo”, afirmó el oficial, subrayando que la violencia era un instrumento de disciplina interna, no un delito ocasional.
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El caso de Tapia no ocurrió en el vacío. En 2024, Chile registró 868 secuestros, lo que equivale a más de dos por día. Aunque un 21% fueron extorsivos, como el del empresario Rodrigo Cantergiani, un 14,7% respondió a ajustes de cuentas entre bandas rivales. Estos últimos, como el de Quintero, se caracterizan por una crueldad extrema, donde el cuerpo de la víctima se convierte en lienzo de terror y el secuestro en mensaje de poder.
La detención de la red en Quintero marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado transversal. Las autoridades destacaron que la operación no sólo permitió desarticular una estructura dedicada al narcotráfico, sino también exponer una dinámica perversa en la que la violencia se normaliza como herramienta de mando. El caso de Mauricio Tapia, con su oreja mutilada y la jota grabada en la espalda, quedará como un símbolo de hasta dónde puede llegar la barbarie cuando el Estado pierde terreno frente al narcopoder.
