Durante la jornada de este miércoles, habitantes de Puchuncaví, de sus sectores rurales enfrentaron a autoridades de Vialidad en una tensa consulta ciudadana. Los vecinos cuestionaron la falta de transparencia y los graves impactos ambientales que provocaba la construcción de la nueva ruta alternativa 3-B, la cual fue presentada como la opción más viable por los ingenieros del Estado a pesar de la férrea oposición territorial. Los representantes de la Dirección de Vialidad confirmaron que la alternativa 3-B obtuvo la mejor calificación técnica y el menor costo de inversión. Sin embargo, los asistentes advirtieron que este trazado amenazaba con destruir el delicado equilibrio del Bosque Sabio, afectaba napas subterráneas que alimentaban los sistemas de agua potable rural y acababa con especies nativas endémicas que ya se encontraban en grave peligro.
La indignación de los asistentes se centró en la evidente desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades reales de los territorios. Los agricultores y emprendedores turísticos denunciaron que mientras se planificaban millonarias obras para descongestionar rutas, los caminos interiores que conectaban sus localidades permanecían intransitables desde hacía años, destruyendo su economía local y su calidad de vida diaria.
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Los dirigentes sociales calificaron el proceso de participación como una mera formalidad tardía, ya que las invitaciones no llegaron a tiempo a las juntas de vecinos más aisladas. Además, surgió un profundo temor frente a las posibles expropiaciones de predios privados, exigiendo garantías claras sobre cómo se respetaría la propiedad privada y los derechos de paso históricos en la zona.
Otro de los puntos de fricción fue el aumento exponencial del tránsito pesado, especialmente camiones, que terminaban por colapsar las rutas turísticas existentes. Los vecinos recordaron que la zona dependía del turismo de naturaleza y que la saturación de las rutas con vehículos de carga anulaba por completo el atractivo paisajístico y la tranquilidad de los balnearios y campos.
Ante la avalancha de críticas, los funcionarios del Estado se comprometieron a conformar una mesa de trabajo territorial para levantar las observaciones antes de la ingeniería de detalle. No obstante, las comunidades dejaron en claro que no permitirían avances unilaterales y exigieron la entrada formal del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para frenar lo que consideraron un atropello
