El Comité de Ministros suspendió nuevamente, esta vez sin fecha definida, la sesión en la que debía pronunciarse sobre el futuro del controvertido proyecto habitacional Maratué, ubicado en la comuna de Puchuncaví. La reunión, que tenía como objetivo analizar dos reclamaciones ciudadanas, fue cancelada debido a la participación de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la discusión legislativa de una iniciativa sobre el tránsito vehicular en playas y dunas en el Senado. Los protagonistas del proceso incluyen a organizaciones ambientales locales, autoridades gubernamentales y la inmobiliaria detrás del proyecto.
El proyecto Maratué, promovido por la Inmobiliaria El Refugio —vinculada al empresario Óscar Lería—, contempla una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares y ha generado fuertes críticas por su ubicación en Quirilluca, una zona considerada de alto valor ecológico. Las reclamaciones ciudadanas, presentadas por integrantes del Proceso de Participación Ciudadana, cuestionan la evaluación ambiental del proyecto y alertan sobre los riesgos para la flora y fauna nativas. Ricardo Quero, vocero de la organización Salvemos Quirilluca, expresó su frustración por los continuos retrasos, que a su juicio socavan la transparencia del proceso.
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Desde el Ministerio del Medio Ambiente confirmaron que se informará en los próximos días una nueva fecha para la sesión del Comité, instancia que la propia ministra Rojas preside. La cartera insistió en la relevancia de su participación presencial, aunque críticos señalan que esto evidencia una falta de coordinación institucional. Mientras tanto, la incertidumbre se prolonga para los habitantes de la zona y para los grupos ambientales, que exigen una evaluación rigurosa y participativa del proyecto.
María Araya, presidenta del Consejo Resolutivo del Hospital Adriana Cousiño de Quintero y de la Fundación Salud Digna Quintero-Puchuncaví, criticó duramente los reiterados aplazamientos, al considerar que reflejan indiferencia hacia las comunidades locales. “Cada postergación es un mensaje de que la salud ambiental y los derechos de los vecinos no son prioritarios”, afirmó. Mientras el Comité no se reúna, el destino de Maratué permanecerá en suspenso, en medio de crecientes tensiones entre desarrollo inmobiliario y conservación ecológica.
