«…Preocupación frente a las señales políticas y jurídicas emitidas en el contexto de la llegada del nuevo gobierno, especialmente en materias que afectan directamente la memoria histórica, la justicia y el respeto irrestricto a los DDHH» @AFEPSantiago en https://t.co/XseAP1JMJF pic.twitter.com/qdvBEmhA0z
— Coordinadora Derechos Humanos (@CoordinadoraDH) January 22, 2026
AFEP exige extradición urgente de Fernández Larios
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos emitió una declaración pública tras la detención del excapitán del Ejército Armando Fernández Larios en Fort Myers, Florida, donde fue incluido por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en la lista de extranjeros «más peligrosos» destinados a expulsión. El exagente de la DINA, vinculado a crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fue aprehendido a unos 190 kilómetros de Miami en un operativo que reactivó las demandas de justicia pendientes en Chile.
El comunicado recordó que Fernández Larios participó en episodios emblemáticos de represión como la Caravana de la Muerte y enfrenta solicitudes de extradición por crímenes cometidos en La Serena, Calama y Pisagua. Además, está requerido judicialmente por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y por el atentado que terminó con la vida del ex canciller Orlando Letelier y su secretaria Ronni Moffitt en Washington en 1976, uno de los casos más resonantes de la dictadura chilena.
AFEP destacó que la expulsión desde territorio estadounidense representa «el camino más expedito» para que el exmilitar enfrente la justicia chilena, criticando que los procesos de extradición tradicionales «largamente tramitados no han logrado hasta ahora su objetivo». La organización instó a las autoridades nacionales a actuar con celeridad ante esta oportunidad inédita de cerrar capítulos impunes de la historia reciente del país.
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La detención renovó las esperanzas de cientos de familiares de víctimas que durante décadas han luchado por verdad y justicia. Para AFEP, el caso simboliza el compromiso irrenunciable con el principio de no repetición y la vigencia irrestricta de los derechos humanos, recordando que cada paso hacia el juzgamiento de responsables fortalece la memoria colectiva y la democracia chilena frente a las heridas del pasado dictatorial.
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