Organizaciones sociales de La Greda manifestaron su rechazo formal contra la instalación de una planta faenadora cerca del colegio local. Los protagonistas fueron la Mesa de Trabajo y la Federación de Pescadores Bahía Narau. Los vecinos discuten la transparencia del ingreso de permisos al municipio. El conflicto surgió tras conocerse que la tramitación comenzó meses antes de lo informado por el alcalde Marco Morales.
La comunidad recordó que el sector fue históricamente afectado por contaminación industrial, situación que derivó en intoxicaciones estudiantiles y el traslado del establecimiento educacional en 2011. Por ello, los vecinos exigieron no exponer nuevamente a niños y familias a riesgos ambientales evitables relacionados con emisiones odoríferas o residuos orgánicos. La falta de infraestructura sanitaria en la zona fue señalada como un impedimento crítico para aprobar la operación industrial.
La controversia se agudizó cuando se confirmó que el ingreso del proyecto a tramitación municipal ocurrió en diciembre de 2025 y no en marzo de 2026 como lo señalo Marco Morales a los vecinos. Ante esta discrepancia temporal, las organizaciones sociales presentaron cartas de oposición formal y anunciaron nuevas acciones de protesta exigiendo respeto a la participación ciudadana. Las agrupaciones invocaron la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente para solicitar transparencia en la evaluación.
Por su parte, la Federación de Pescadores Bahía Narau comunicó que su planta de recursos marinos representa un hito de independencia económica para el territorio de Puchuncaví. Los pescadores locales destacaron que el diseño poseía impacto cero, sin cocción ni chimeneas, garantizando la ausencia de olores molestos según estudios técnicos. Además, aseguraron que la gestión de residuos sería externa y el flujo de camiones mínimo, utilizando únicamente rutas industriales como la F-170.
La planta se ubica en un sector con identidad industrial y cuenta con respaldo técnico del Servicio de Evaluación Ambiental y la Seremi de Salud. La autoridad ambiental determinó que el proyecto no requirió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debido a su bajo tamaño y control. Este pronunciamiento se obtuvo al presentar una Consulta de Pertinencia que validó los permisos de construcción y acceso vial entregados por ministerios.
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Los vecinos opositores fundamentaron su posición en el artículo 19 Nº8 de la Constitución y el ordenamiento territorial del PREMVAL de 2014 que estableció zonas buffer. La comunidad solicitó a las autoridades regionales y comunales relocalizar el proyecto en un territorio que no generará conflictos socioambientales priorizando la salud pública. Mientras tanto, los pescadores insistieron en que la iniciativa fue el primer paso para convertir la zona en un polo de desarrollo.
