Una sentencia judicial acaba de sacudir a la comuna de Puchuncaví: este 9 de enero de 2026, la Corte de Apelaciones de Valparaíso condenó a la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví por mantener en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas servidas en condiciones ilegales y peligrosas. El fallo responde a una acción de protección interpuesta por el Comité de Vivienda Nueva 10 de Mayo, representado por Daniel Alejandro Sepúlveda, tras sufrir reiterados rebalses de aguas negras que afectaron viviendas, calles y la salud de vecinos del sector La Chocota. Las autoridades municipales, lideradas por el alcalde Marcos Morales, fueron halladas responsables de negligencia y omisión prolongada.
El documento judicial revela que desde al menos 2016, la planta de Horcón ha colapsado sistemáticamente, generando escurrimientos contaminantes hacia zonas residenciales, la caleta de pescadores y el borde costero. Los episodios más graves incluyen infecciones respiratorias y dérmicas en niños y adultos mayores, e incluso un caso extremo de una vecina diabética que contrajo una bacteria con riesgo de amputación. A pesar de siete sumarios sanitarios y multas impuestas por la Seremi de Salud, el municipio no adoptó soluciones estructurales, limitándose a intervenciones superficiales como camiones aljibes y fumigaciones temporales.
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La defensa municipal intentó justificar los derrames con argumentos como el “crecimiento demográfico explosivo” y supuestos actos de “vandalismo” por parte de los propios vecinos. Sin embargo, la Corte desestimó estas excusas y subrayó que la responsabilidad legal recae directamente en la institución edilicia, ya que contrató a la empresa ICCI SpA para operar la planta sin garantizar su correcto funcionamiento. Además, se confirmó que la planta nunca obtuvo recepción sanitaria final, lo que la mantiene en un estado de ilegalidad técnica desde su instalación.
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Como resultado, la Corte ordenó tres medidas urgentes: revisar el protocolo operativo de la planta, reforzar la seguridad del sistema eléctrico para evitar sabotajes o fallas, e informar periódicamente sobre el avance de las obras de largo plazo comprometidas con fondos del Royalty Minero. El fallo, histórico por su contundencia, expone una crisis sanitaria y ambiental ignorada durante casi una década, y abre la puerta a nuevas acciones legales si no se cumplen las órdenes judiciales. Para los habitantes de La Chocota, esta sentencia representa una victoria parcial, pero urgente, frente a años de abandono estatal.
