Los residentes de La Chocota y el abogado Felipe Flores Cornejo denunciaron formalmente el incumplimiento de la resolución judicial que dictó en enero la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que la administración comunal postergó las medidas correctivas, situación en la cual los rebalses constantes y los olores nauseabundos deterioraron gravemente la salud de los habitantes que residieron en las inmediaciones durante los últimos meses.
El letrado sostuvo que la infraestructura operó sin la debida regularización administrativa y sin los controles sanitarios exigidos, lo que generó un impacto ambiental directo sobre los predios colindantes. El profesional entregó un registro fotográfico que documentó la acumulación de aguas servidas y las condiciones insalubres que rodearon el recinto, mientras las imágenes confirmaron el deterioro progresivo del entorno natural y afectaron la calidad de vida de las familias que habitaron cerca del complejo.
Flores anunció que la comunidad interpuso una acción por desacato contra la autoridad local, dado que el municipio ignoró las directrices de mitigación que ordenó el tribunal superior. Detalló que la Corte dispuso la aplicación de sanciones correctivas cuando los jueces constataron la falta de gestión oficial, mientras los afectados exigieron una respuesta inmediata y rechazaron cualquier prórroga administrativa que pospuso la remediación del daño ambiental que ya afectó sus hogares.
También podrías querer leer: Quintero lleva su patrimonio a Quillota con inauguración de exposiciones “Museo Lord Cochrane” y “Quintero Vive”
También podrías querer leer: nuestro medio asociado Aconcagua al Día
Paralelamente, los habitantes remitieron una carpeta de antecedentes al Ministerio Público, con lo cual los fiscales iniciaron una investigación formal sobre los posibles delitos ecológicos y determinaron las responsabilidades penales del vertimiento ilegal. El abogado concluyó que el vecindario solo buscó una solución estructural a la crisis sanitaria y exigió el cumplimiento estricto de la sentencia, la cual consolidó la resistencia local y estableció un nuevo estándar de exigencia legal para la protección de los barrios afectados por la infraestructura defectuosa.
