El Senado de la república respaldó y aprobó con una votación contundente el proyecto de ley que prohibía el uso de celulares en los niveles de educación parvularia, básica y media de los establecimientos educacionales del país. La votación, que ocurrió esta jornada, permitió que la iniciativa quedará en condiciones de pasar a su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputados. La normativa, impulsada por siete mociones refundidas, establecía la restricción del uso de celulares en las aulas y actividades curriculares para todos los integrantes de la comunidad educativa, con un enfoque en la mejora de la convivencia escolar.
La Sala del Senado ratificó los cambios hechos por la Comisión de Educación, los cuales ampliaron la prohibición a todos los niveles educativos mencionados e incorporaron excepciones puntuales. El senador Gustavo Sanhueza, presidente de la Comisión de Educación, explicó que estas salvedades se aplicaron a situaciones de salud (monitoreo médico), emergencia o catástrofe, y a casos donde el dispositivo sirviera como ayuda técnica para estudiantes con necesidades especiales. Además, la normativa estableció que la restricción comenzaría a regir a partir del año escolar 2026 para dar tiempo a los colegios de actualizar sus reglamentos internos.
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El proyecto consagro también una serie de derechos y deberes para todos los integrantes de la comunidad educativa, enfatizando la responsabilidad de padres, madres y apoderados para supervisar y acompañar el uso de estos dispositivos fuera del horario escolar. Según indicó el senador Sanhueza, esta disposición buscaba responsabilizar a los adultos por el uso indebido de la tecnología por parte de sus hijos fuera del ámbito escolar. Asimismo, la normativa impulsará que el sistema educativo promueva el uso responsable y seguro del contenido digital y las tecnologías de la información.
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Para el nivel de enseñanza media, se contempló una flexibilidad acotada a la autonomía progresiva de los estudiantes, permitiendo que los reglamentos internos de los establecimientos pudieran autorizar espacios, horarios o actividades específicas para el uso de los dispositivos. Finalmente, se fijó que, en marzo de 2030, el Ministerio de Educación debería presentar una evaluación completa a las comisiones de Educación del Congreso, con énfasis en los resultados sobre la convivencia escolar, el rendimiento académico y el bienestar socioemocional de la comunidad.
