En julio de este año se constituyó en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora para indagar respecto del monitoreo y control de las emisiones que motivaron una reciente alerta de emergencia ambiental en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, frente al aumento en las concentraciones de azufre.
Cumpliendo con los plazos fijados, el grupo parlamentario terminó con su labor fiscalizadora aprobando un informe de consenso. Este tuvo como base las conclusiones y propuestas presentadas por el presidente de la instancia, Nelson Venegas (PS), y por los legisladores Andrés Longton (RN), Cristóbal Martínez (UDI), María Francisca Bello (PCS) y Camila Musante (IND).
María Francisca Bello dijo que se llegó a una conclusión común en torno a que el Estado tiene que elevar los estándares medioambientes. Particularmente, apuntó a las normas técnicas, que es una aspiración de la comunidad de las comunas afectadas.
“Nosotros esperamos y trabajaremos para que el Ejecutivo le dé oído a aquello, porque creemos que es fundamental. Sobre todo, con la norma de arsénico, que es tan peligrosa para el ecosistema”, puntualizó.
En salud, comentó que hubo acuerdo en que hay que fortalecer el hospital de la zona de Quintero-Puchuncaví.
“Creo que llegamos a conclusiones bastante importantes (…). Esperamos que se tomen las medidas necesarias ya. La gente no puede seguir esperando”, remarcó.
Estado como responsable emergencia ambiental
Entre las conclusiones se asignó responsabilidad sobre los acontecimientos al Estado. “Hay un Estado que ha dejado actuar, tanto a la empresa privada como a la pública. Aquí tenemos que tomar en cuenta que hay que empezar a cambiar la forma de mirar la industrialización en Chile”, enfatizó la diputada Bello.
“Hay una responsabilidad del Estado que generó una estructura normativa para construir una zona de sacrificio”, reafirmó el diputado Luis Alberto Cuello.
El legislador estimó que hay consenso en que se requiere la formación de nuevas políticas públicas. Consideró que existe consenso respecto a que se requiere la formación de nuevas políticas públicas. En particular, que se actualicen ciertas normativas en materia de compuestos orgánicos volátiles.
“Hay un ánimo transversal en función de hacer primar la salud de la población por sobre los intereses económicos y la productividad”, acotó.
Planteó que las conclusiones son bastante decidoras respecto de determinar responsabilidades de las empresas públicas y privadas, en función de cómo se produjo la contaminación y sobre la manera en que se puede remediar esto hacia el futuro.
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Sobre lo último, valoró, por ejemplo, la decisión del Gobierno de cerrar la fundición de Ventanas.
