Como parte de las actividades de Vinculación con el Medio de la Universidad de Las Américas (UDLA), la Facultad de Derecho, en colaboración con el medio digital especializado en temas ambientales CodexVerde, organizó el conversatorio titulado “El caso Quintero: Responsabilidad penal e internacional frente a un desastre ambiental”. Quintero-Puchuncaví
El evento tuvo como objetivo principal analizar el potencial uso de la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente para sancionar a las empresas responsables del desastre ambiental ocurrido en la zona de Quintero-Puchuncaví en 2019, evaluando además los vacíos legales previos y las oportunidades que ofrece esta normativa para fortalecer la protección ambiental en Chile.
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Reflexiones y análisis de expertos
El conversatorio fue inaugurado por Waldo Lobos, director de CodexVerde, quien destacó la relevancia del tema para fomentar un debate jurídico y social sobre la justicia ambiental. A continuación, Carmen Gloria Pérez, académica de la carrera de Derecho en la Sede Viña del Mar, asumió el rol de moderadora.
El panel estuvo compuesto por dos destacados expertos:
Tatiana Maldonado, abogada de la Universidad Alberto Hurtado y exdefensora penal pública en Santiago.
Paulo Pérez, abogado de la Universidad de Valparaíso y exasesor de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
Carmen Gloria Pérez contextualizo el conversatorio mencionando el emblemático caso La Oroya vs. Perú, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó la obligación de los Estados de garantizar un ambiente sano, incluso frente a la actividad de empresas privadas. Pérez subrayó la importancia de este precedente para los desafíos de responsabilidad ambiental en Chile.
Por su parte, Tatiana Maldonado analizó en profundidad la Ley 21.595 de delitos económicos, promulgada en 2023, destacando que esta incorpora delitos medioambientales dentro del marco de los delitos económicos. Maldonado explicó que la ley clasifica los delitos ambientales en categorías como contaminación y grave contaminación, estableciendo penas proporcionales según el impacto ambiental y la fuente de los daños. “Esta ley representa un avance significativo, pues protege tanto los elementos físicos como biológicos del medio ambiente, abriendo un camino para la sanción efectiva de quienes infrinjan las normas”, puntualizó la abogada. Quintero-Puchuncaví
Paulo Pérez complemento el análisis revisando antecedentes históricos relevantes, como el incidente de 2018 relacionado con la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) y la importación de petróleo iraní con altos niveles de ácido sulfhídrico. Este hecho provocó intoxicaciones masivas en Concepción y Quintero debido a la contaminación del aire. Pérez destacó que, en ausencia de un catálogo claro de delitos ambientales en ese momento, el caso fue tratado bajo el artículo 191 del Código Penal y la Ley 20.920, que regula el manejo de residuos peligrosos.
“El juicio relacionado con este caso marcó un precedente en Chile. Aunque en Concepción los acusados fueron absueltos, en Quintero los ejecutivos de ENAP fueron inicialmente condenados, pero la Corte Suprema los absolvió en 2024 tras acoger un recurso de nulidad”, señaló Pérez.
Conclusiones y desafíos
El conversatorio permitió reflexionar sobre la evolución y las limitaciones del marco jurídico chileno en materia de justicia ambiental. Los panelistas coincidieron en la necesidad de robustecer las normativas legales y su aplicación efectiva para garantizar un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.
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El evento reafirmó el compromiso de la UDLA y CodexVerde con la promoción de debates fundamentales para el desarrollo de una sociedad más justa y comprometida con la protección del medioambiente. Quintero-Puchuncaví
