El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, informó que no se formalizó la investigación contra un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) tras un hecho ocurrido durante la fiesta de Chilenidad en Puchuncaví, en el que el imputado disparó y mató a una persona durante una agresión. El suceso tuvo lugar cuando el funcionario, que se encontraba de vacaciones y fuera de servicio, fue atacado por la víctima, quien le provocó una herida en el cuello con un cuchillo. La Fiscalía determinó que los hechos ocurrieron en legítima defensa, respaldado por testimonios y evidencia recolectada durante tres días de detención ampliada. Este caso es relevante porque pone en evidencia los límites legales entre el uso de la fuerza y la defensa personal, incluso en manos de agentes del orden.
Durante los tres días posteriores al incidente, Carabineros —especialmente la OS9 y el Laboratorio de Criminalística (LABOCAR)— realizaron múltiples diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho. El imputado, de inmediato tras el suceso, se puso a disposición de las autoridades, entregando tanto el arma de fuego que utilizó como el cuchillo con el que fue atacado. Las primeras declaraciones del funcionario coincidieron con las versiones de testigos presenciales, quienes confirmaron que la víctima se abalanzó sobre él de forma violenta. Estos elementos fueron clave para que la Fiscalía concluyera que no existían antecedentes suficientes para formalizar una investigación penal.
El fiscal Bravo explicó que, si bien se configuró técnicamente un delito de homicidio, este queda cubierto por la causal de legítima defensa, reconocida en el Código Penal chileno como eximente de responsabilidad penal. La víctima habría iniciado la agresión de forma repentina, y el imputado actuó exclusivamente para proteger su integridad física. No se hallaron testigos que contradijeran esta versión, lo que reforzó la decisión de no proceder con una formalización. No obstante, la causa no se cierra definitivamente, ya que aún quedan pericias científicas pendientes.
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Aunque el caso no avanza hacia una acusación formal en esta etapa, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para completar las últimas diligencias, principalmente las relacionadas con el análisis forense del Laboratorio de Criminalística. El curso legal habitual en estos casos contempla la posibilidad de archivar definitivamente la causa una vez que se agoten todas las pruebas y se confirme la ausencia de indicios de criminalidad. Mientras tanto, el funcionario de la PDI permanece en libertad, sin cargos, a la espera de la resolución final del Ministerio Público.
