Un polémico proyecto de parque eólico marino salió a la luz en días recientes, tras revelarse que la empresa Acciona Energía ingresó formalmente en diciembre de 2023 una iniciativa para instalar aerogeneradores de 300 metros a solo 5 kilómetros de la costa. La propuesta abarcaría un tramo de más de 70 kilómetros, desde Punta Curaumilla hasta las dunas de Ritoque en Quintero, afectando a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero. El proyecto, que contempla una concesión marítima de más de 2,6 millones de metros cuadrados, tendría una duración estimada de 24 meses una vez iniciada su ejecución.
La iniciativa generó inmediata controversia entre parlamentarios y organizaciones ciudadanas, especialmente por la falta de comunicación pública y transparencia en sus etapas iniciales. El diputado Andrés Celis (RN) denunció que el proyecto se ha estado gestando “en el silencio de las autoridades”, a pesar de su envergadura y potencial impacto ambiental y social. A esto se suma una reunión registrada el 5 de marzo de 2025 entre el Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Alex Galleguillos, y Camilo Inostroza, representante de Acciona Energía, realizada bajo la Ley de Lobby, lo que reavivó las críticas sobre la opacidad del proceso.
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Además, un documento fechado el 14 de octubre de 2025, emitido por la Subsecretaría de Pesca, autorizó a la empresa Ecos Group SpA a realizar pesca investigativa en los mismos sectores incluidos en el proyecto eólico. Esta acción busca elaborar un estudio preliminar sobre la calidad del agua en la zona, supuestamente con fines de evaluación ambiental. Sin embargo, la coincidencia temporal y geográfica entre ambas actividades ha levantado sospechas en la ciudadanía sobre si se está preparando el terreno técnico para justificar el desarrollo del parque eólico sin el debido escrutinio público.
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Aunque el diputado socialista Arturo Barrios reconoció la necesidad de avanzar hacia energías limpias y destacó el potencial estratégico de la región de Valparaíso en ese sentido, insistió en que “cualquier iniciativa de esta magnitud debe cumplir estándares estrictos de transparencia, evaluación ambiental y participación ciudadana”. Mientras tanto, organizaciones ambientales, pescadores artesanales y comunidades costeras exigen acceso inmediato a la información completa del proyecto, así como la realización de instancias participativas que garanticen la defensa de los ecosistemas marinos y los modos de vida locales frente a una obra que, hasta ahora, ha avanzado a puertas cerradas.
