El presidente de la Afusam, Daniel Ríos, junto a los dirigentes vecinales y trabajadores de la salud, denunció que las emisiones tóxicas de las empresas provocaron intoxicaciones periódicas en Quintero durante el último año, mientras las autoridades locales ignoraron las alertas sanitarias y validaron la continuidad operativa del cordón industrial sin aplicar las fiscalizaciones correspondientes.
A pesar del cierre de la fundición Codelco Ventanas en 2023, las veinte compañías restantes mantuvieron sus operaciones y liberaron al aire concentraciones elevadas de dióxido de azufre, benceno y metales pesados que deterioraron la calidad de vida de más de sesenta mil habitantes. Las mediciones realizadas por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales confirmaron que la exposición constante generó alteraciones en el ADN de los residentes, según el estudio internacional liderado por la doctora Eva Madrid que vinculó directamente los suelos contaminados con el daño celular registrado en los habitantes.
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Tras las masivas intoxicaciones de 2018 y el posterior estallido social, la comunidad aguardó la protección ambiental prometida por la nueva Constitución, pero el rechazo a la reforma consolidó la inercia gubernamental que priorizó las inversiones millonarias sobre la salud pública.
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Los profesionales de la atención primaria también sufrieron el desamparo institucional cuando una nube tóxica ingresó a la posta de Loncura y provocó vómitos en el personal, situación que el seguro laboral desestimó al considerar que no existía manipulación directa de sustancias químicas. Ante los peaks de contaminación, los centros médicos solo administraron analgésicos básicos a los estudiantes y vecinos intoxicados, lo que confirmó la profunda desprotección sanitaria que las organizaciones vecinales señalaron como consecuencia directa de las políticas públicas que abandonaron el resguardo del medioambiente y la salud.
