Una feroz batalla política estalló al interior del Consejo Municipal tras revelarse las escandalosas irregularidades estructurales y financieras en la instalación de los letreros de identidad local. Los concejales de la comuna alzaron la voz con total indignación, acusando directamente a la administración del alcalde Marco Morales ya que como fue señalado, al entregar esta subvención a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puchuncaví tuvo la finalidad de evitar la licitación pública lo que califican como un despilfarro intolerable de recursos públicos como lo señalaron los ediles. Lo que fue promocionado originalmente como un «regalo» para las 18 localidades rurales y costeras, hoy se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza que mantiene bajo estricta sospecha un fondo de 22 millones de pesos.
La polémica alcanzó su punto más álgido cuando la exsecretaria del proyecto, Ingrid, admitió sin tapujos frente al pleno del concejo que el millonario contrato se entregó «a dedo». Según la exsecretaria de la Unión Comunal, el municipio impuso directamente al artesano en madera, Juan Campo, saltándose cualquier tipo de licitación o concurso público que garantizara la transparencia del proceso. Esta grave confesión encendió las alarmas de los fiscalizadores, quienes confirmaron que el convenio, firmado originalmente el 12 de agosto de 2024, estipulaba el pago de más de un millón de pesos por cada letrero, una cifra que califican de ridícula y totalmente abultada.
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«Nosotros tenemos que ver el tema de las lucas y cómo se trabaja, pero no el tipo de material. Si se están gastando 22 millones de pesos por 18 letreros, cuando cada uno cuesta un millón 220 mil pesos, el responsable es el municipio», fustigó con furia la concejala Berrios.
La indignación de los ediles subió de tono al exhibirse las paupérrimas condiciones de las estructuras, especialmente el letrero de la localidad de La Chocota, el cual muestra un deterioro vergonzoso a solo seis meses de su instalación debido a la brisa marina. Vecinos y dirigentes de sectores como Campiche ya han ingresado reclamos formales debido a que los nudos de la madera terciada se están desprendiendo por completo, evidenciando que se utilizaron materiales de bajísima calidad. Los concejales criticaron con dureza la falta de un barniz especial e impermeable que soportara la vaguada costera, dejando en claro que la comunidad recibió un producto defectuoso a precio de oro.
En un intento desesperado por sacudirse la responsabilidad del fiasco, la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO), Marina Cisterna, intentó y exige que el municipio se haga cargo de un saldo restante de siete millones de pesos.
Por su parte el alcalde responsable de los actos del municipio no entrego respuesta alguna solo desvío la atención señalando que se debía citar al artesano para escuchar su versión, sin comprometerse con la trasparencia exigida por los concejales de la comuna, menos dar respuesta a las interrogantes planteadas por las vecinas ni los concejales.
El ambiente terminó de polarizarse cuando los fiscalizadores denunciaron la existencia de una rendición de cuentas absolutamente opaca y carente de especificaciones técnicas que ingresó al control municipal. Los ediles aseguraron que la administración del alcalde ha intentado bloquear sistemáticamente su labor fiscalizadora, llegando incluso a enviar contingente de Seguridad Pública para impedirles el acceso a recintos municipales bajo el pretexto de requerir permisos especiales. El millonario convenio de los letreros pende ahora de un hilo, mientras la indignación pública crece ante lo que se perfila como un engaño total a las comunidades locales.
