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Nueva etapa, misma esencia

Incongruencias en denuncia contra alcalde Silva debilitan versión de la querellante

El pasado 8 de marzo, durante la madrugada en el restaurante «El Coyote» de Quintero, la trabajadora de delivery J. T. F. U. habría sido víctima de un ataque sexual por parte del alcalde Rolando Silva, según una querella presentada recientemente que hoy genera profundas dudas en el entorno local. Los hechos habrían ocurrido tras una distendida celebración del Día de la Mujer, donde el jefe comunal compartía con su esposa y tres concejales en un ambiente que, para los testigos presenciales, distó mucho de cualquier escenario de violencia o altercado.

La versión de la denunciante sostiene que un primer ataque ocurrió cerca de la barra del establecimiento, justo en el momento en que el local cerraba sus puertas. No obstante, llama poderosamente la atención que, tras un episodio descrito como traumático y que la habría dejado en «estado de shock», la mujer accediera voluntariamente a trasladar al alcalde y a su esposa en su propio vehículo particular. Testigos aseguran que la interacción durante el trayecto fue de total normalidad y cortesía, sin señales de angustia.

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Resulta difícil de procesar, bajo una lógica de supervivencia básica, que una víctima de agresión sexual reciente decida subir al presunto victimario a su auto y conducir hacia un nuevo destino. Según los antecedentes, J. T. F. U., no solo realizó el servicio de transporte acordado, sino que además habría mantenido una conversación fluida y relajada con los pasajeros. En ningún momento del trayecto se reportaron gritos, llantos o alguna maniobra errática que sugiriera que la conductora estuviera bajo una perturbación emocional.

La querella añade un nivel de complejidad casi inverosímil al afirmar que los abusos habrían continuado dentro del vehículo mientras la mujer manejaba. Lo cuestionable de este relato radica en que, en el asiento posterior, viajaban la esposa del alcalde y una de las dueñas del restaurante, quienes no habrían notado absolutamente nada anómalo. La supuesta víctima no detuvo el automóvil ni solicitó ayuda a las otras mujeres presentes, completando el viaje y despidiéndose gentilmente al llegar al destino.

Otro punto que levanta sospechas sobre la solidez de la acusación es el comportamiento posterior de la denunciante a través de las plataformas digitales. Días después del evento, la misma conductora publicó acusaciones en redes sociales, lo que provocó sorpresa absoluta entre los asistentes a la cena, quienes describen a la mujer como alguien que interactuó normalmente con el grupo. Esta actitud mediática parece contrastar con el perfil de una víctima que busca resguardar su integridad y el debido proceso judicial.

El rol de la abogada patrocinante, Cynthia Pérez Cruz, también añade un matiz de duda al caso debido a su historial en causas de alta exposición que terminaron sin culpables, como el caso del motel El Duende. En esta ocasión, la estrategia ha incluido ataques preventivos hacia la imparcialidad de los fiscales y jueces de Quintero. Esta desconfianza manifiesta en las instituciones locales parece ser una táctica para trasladar el juicio a Valparaíso, buscando quizás un escenario más favorable fuera de su jurisdicción.

Es igualmente insólito que la propia parte querellante haya vulnerado la privacidad de la supuesta víctima al filtrar su nombre, dirección y datos sensibles a diversos medios de comunicación. Esta acción contradice los protocolos habituales de protección en delitos de connotación sexual, sugiriendo un interés que podría trascender la búsqueda de justicia. Al exponerla de esta manera, la defensa parece priorizar el impacto comunicacional por sobre la seguridad y el bienestar emocional de su representada.

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Finalmente, la solicitud de investigar una falta a la probidad ante la Contraloría resulta, a lo menos, fuera de lugar, considerando que los hechos ocurrieron en una instancia privada. No hubo uso de recursos públicos ni se trataba de una actividad oficial del municipio en el momento de los supuestos incidentes. Esta mezcla de argumentos administrativos con penales refuerza la sensación de que la denuncia podría ser parte de una maniobra con aristas que aún no terminan de esclarecerse.