El 4 de junio de 2025, en la Sesión Ordinaria N. 18 del Concejo Municipal de Quintero, se destapó un escándalo que involucra al director jurídico, Víctor Ríos, quien habría inducido a error al Concejo y al alcalde al no someter a aprobación previa un acuerdo de conciliación. La denuncia fue interpuesta por el profesor Mauricio Alberto Llanos Retamal ante el tribunal laboral de Quintero.
En la mencionada sesión, se discutió la ratificación de una conciliación acordada en un juicio laboral en el cual la Ilustre Municipalidad de Quintero era parte. Sin embargo, se descubrió que el acuerdo fue firmado sin la debida aprobación del Concejo Municipal, un requisito exigido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esta omisión se consideró una grave vulneración a las normativas de derecho público.
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La controversia surgió debido a la falta de cumplimiento del artículo 65, letra h) de la ley mencionada, que establece la necesidad de la aprobación del Concejo Municipal antes de que se pueda comprometer el erario público en una conciliación judicial. A pesar de que existieron tres sesiones del Concejo previas a la audiencia, el director jurídico, Víctor Ríos, no sometió el acuerdo a votación, lo que contraviene la normativa.
Según los antecedentes, en la sesión del 4 de junio, Ríos aseguró que no hubo error de procedimiento y defendió la validez de la conciliación, indicando que la decisión había sido tomada por el tribunal. Sin embargo, no mencionó que las bases de la conciliación ya habían sido propuestas en una audiencia anterior, el 29 de abril de 2025, y que el Concejo Municipal tuvo suficiente tiempo para aprobarla.
A raíz de esta situación, según pudo investigar La Bahía on Line, ciudadanos de Quintero interpusieron una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando la impugnación del acuerdo firmado el 20 de mayo de 2025, por considerarlo inválido al no contar con la aprobación previa del Concejo. En la denuncia también se pidió que se investigue la responsabilidad del director jurídico en este incumplimiento de la ley.
La denuncia de la Contraloría, que lleva el folio E68192 del año 2025, señala que Ríos no solo omitió información relevante al Concejo sino también al alcalde, que además presentó un discurso que minimizó la gravedad de la omisión, induciendo a error a las autoridades comunales. Según la normativa vigente, este tipo de omisiones puede conllevar sanciones legales.
Según fuentes de La Bahía on Line el abogado que represento al municipio Iván Barrera Castro en los tribunales laborales, tendría respaldos donde el Director Jurídico Municipal señala que estaba todo autorizado, lo que como ya sabemos no era real.
La situación genera preocupación debido a que la falta de aprobación del Concejo Municipal compromete el control democrático sobre los actos administrativos, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan los recursos públicos. Además, pone en evidencia un posible incumplimiento de las normas de probidad administrativa.
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Este caso destaca la importancia de que los funcionarios públicos y con mayor razón los de exclusiva confianza del alcalde no pueden mentir y/o omitir información para que se cumplan con los procedimientos legales establecidos, garantizando la transparencia y el respeto a las normativas que rigen el funcionamiento de los municipios. La denuncia ante la Contraloría podría desencadenar sanciones y medidas correctivas que refuercen la confianza en las instituciones locales.
