Una grave denuncia remeció al municipio de Puchuncaví, luego que Paula Guiñez Grez, secretaria de la Dirección de Seguridad Pública desde 2021, revelara haber sido agredida físicamente y psicológicamente por una funcionaria cercana al alcalde en noviembre de 2024. El caso tomó un rumbo alarmante cuando, tras denunciar por Ley Karin, asegura haber sido víctima de represalias directas por parte del edil, incluyendo intentos de despedirla y el silenciamiento institucional de su testimonio.
Guiñez relató que, tras la agresión, el alcalde instruyó a directores municipales para modificar su contrato a honorarios con el fin de desvincularla, ignorando los protocolos de protección establecidos por la Ley Karin. A pesar de que la Contraloría General de la República recomendó separar de sus funciones a la agresora, esto nunca ocurrió. La funcionaria también denunció que su declaración fue desestimada por la fiscal del sumario, Johana Cornejo, directora jurídica del municipio, quien además la habría hostigado emocionalmente.
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El proceso judicial interno fue, según sus palabras, manipulado y parcial. El único testigo presencial fue desacreditado por la fiscal basándose en supuestas relaciones personales, mientras que se consideraron testimonios de funcionarios sin vínculo temporal con los hechos. A esto se suma el filtrado indebido de información confidencial del sumario a terceros, agravando el daño moral a la denunciante.
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Tras caer en un cuadro de depresión severa y crisis de pánico, Paula debió recurrir a atención médica y psicológica por sus propios medios. Hoy, con apoyo de vecinos, compañeros y organizaciones locales, decide alzar la voz y hacer pública esta grave denuncia que, según ella, retrata un uso abusivo del poder municipal para encubrir violencia laboral y quebrantar la integridad de una trabajadora. “No me van a borrar”, sentencia.
