La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso informó que durante mayo debería definirse la terna para designar al nuevo delegado presidencial provincial para Concón, Quintero y Puchuncaví, tras los reclamos que presentaron alcaldes y concejales por la crisis ambiental. La Delegación Presidencial Regional coordinó la propuesta junto al Ministerio del Medio Ambiente, con el objetivo de contar con un funcionario de alto nivel que mantengan presencia permanente en el territorio. Manuel Millones detalló que se garantizara la entrega de dependencias físicas y recursos económicos, lo que evitó los vacíos operativos que dificultaron la labor de sus antecesores.
Los alcaldes de Quintero y Puchuncaví formalizaron su compromiso al habilitar oficinas exclusivas y confirmaron que la nueva autoridad dispondrá de la infraestructura necesaria desde el inicio. Esta medida corrigió las falencias históricas que obligaron a los anteriores delegados a trabajar de manera itinerante, lo que debilitó la capacidad de respuesta estatal frente a las emergencias locales. Desde el concejo de Quintero, los ediles valoraron la instalación de una mesa técnica interinstitucional, aunque insistieron en la urgencia de abordar los graves problemas de contaminación y seguridad que afectaron a la comuna.
Los concejales denunciaron que las estaciones de medición enfrentaron investigaciones por fallas durante 2025, periodo en el cual se registraron múltiples episodios tóxicos en escuelas rurales. En Puchuncaví, los representantes municipales cuestionaron el escaso margen de acción y la reducida asignación presupuestaria que acompañó tradicionalmente al cargo, advirtiendo que las facultades limitadas dificultaron la contención de las crisis recurrentes. Los ediles enfatizaron que, mientras la normativa ambiental mantuvo su carácter débil, la designación de una figura territorial resultó insuficiente para proteger la salud de los habitantes.
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El llamado a fortalecer la gestión pública se produjo tras los severos incidentes de fines de abril, cuando las autoridades sanitarias evacuaron a más de trescientos estudiantes y reportaron afectaciones neurológicas en menores de la Escuela Campiche. Las autoridades locales confiaron en que la nueva figura centralizó la fiscalización industrial y restauró la confianza ciudadana en los mecanismos de monitoreo tras años de desconfianza institucional.
