En los últimos días, decenas de estudiantes y funcionarios escolares en Puchuncaví presentaron síntomas compatibles con intoxicación por gases tóxicos, lo que desató una nueva alerta sanitaria en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví. La Seremi de Salud de Valparaíso informó que 56 personas fueron diagnosticadas con código T59 —efectos tóxicos de gases, humos y vapores— tras acudir a los Servicios de Urgencia Rural de Las Ventanas y Puchuncaví. Como respuesta inmediata, se fiscalizó a la empresa Oxiquim y a cinco establecimientos educacionales. El caso reaviva las preocupaciones sobre la exposición crónica de comunidades vulnerables a contaminantes industriales en una región históricamente afectada por episodios similares.
Las fiscalizaciones se concentraron en la planta de Oxiquim, ubicada en la Bahía de Quintero, y en las escuelas La Greda, Campiche, La Chocota, Multidéficit Amanecer y el Jardín Infantil Renacer. Según la autoridad sanitaria, el equipo de Epidemiología dará seguimiento clínico a los afectados para monitorear su evolución. Aunque aún no se ha confirmado fehacientemente el origen de los compuestos tóxicos, los antecedentes apuntan nuevamente a emisiones industriales, lo que ha generado indignación en la comunidad educativa y vecinal, que denunció olores intensos a cloro y gas durante el fin de semana.
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El diputado Diego Ibáñez exigió respuestas urgentes a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y al Ministerio de Salud, solicitando una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares. “No podemos normalizar ni un solo niño intoxicado más”, declaró Ibáñez, recordando que desde 2023 rige una normativa ambiental más rigurosa que permite penas más severas para empresas responsables de daños ambientales y sanitarios. Su oficio busca activar mecanismos legales que eviten la impunidad en casos recurrentes de contaminación en la zona.
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Este nuevo episodio pone en evidencia la fragilidad de los controles ambientales en zonas industriales densas y la necesidad de fortalecer la fiscalización preventiva. A pesar de una leve reducción en la frecuencia de emergencias en los últimos años, la persistencia de eventos tóxicos en escuelas demuestra que las medidas actuales son insuficientes. La comunidad exige transparencia, responsabilidad empresarial y políticas públicas que prioricen la salud sobre los intereses industriales, especialmente en territorios ya marcados por décadas de exposición a contaminantes.
