¡Arde la Región de Valparaíso! Un devastador y demoledor informe de la Contraloría General de la República desató un terremoto político absoluto tras revelar que el Gobierno Regional (GORE) dirigido por Rodrigo Mundaca, mantiene la escandalosa suma de 3.880 millones de pesos chilenos completamente en el limbo, al estar sin rendir, observados o con órdenes de reintegro.
La bomba estalló con fuerza luego de que el gobernador Rodrigo Mundaca omitiera deliberadamente este vergonzoso descalabro financiero durante su reciente Cuenta Pública, prefiriendo armar una vitrina de propaganda con millones en inversión antes que confesar las graves irregularidades que salpican directamente a su cuestionada gestión.
La severa fiscalización detonó tras la emisión del lapidario Informe Final N° 152-2025 del órgano contralor, fechado el 14 de abril de 2026, el cual desnudó un descontrol financiero sin precedentes en la administración de los recursos fiscales de la región. Ante el silencio cómplice de la máxima autoridad regional, el abogado y presidente de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara Stewart, alzó la voz con indignación para denunciar el ocultamiento de este demoledor veredicto técnico que pone en jaque la probidad del organismo. Las alarmas están encendidas al máximo tras confirmarse que se ordenó de inmediato instruir un sumario administrativo y remitir todos los antecedentes criminales directamente al Ministerio Público para que investigue posibles delitos.
El descarado festín de millones de pesos entregados mediante asignaciones directas quedó al descubierto al revisarse una muestra focalizada de proyectos del sector privado, donde la Contraloría detectó una alarmante «arquitectura del caos» por la ausencia total de control interno formal en el GORE hasta abril de 2026. Los fiscalizadores descubrieron con espanto que la danza de miles de millones de pesos se registraba manualmente en precarias planillas Excel susceptibles a manipulación y errores graves, lo que transformó al Gobierno Regional en una desprotegida caja pagadora. El golpe más severo del informe ordena formular un juicio de reparo por 231,6 millones de pesos debido a escandalosos gastos aprobados a la Fundación Crea Energía por supuestos servicios digitales y audiovisuales fantasmas, sin antecedentes reales que acreditaran su ejecución.
«Una cuenta pública real no puede ser solo una vitrina del gasto. Si la autoridad informa cuánto invierte, también debe explicar cómo controla, cómo fiscaliza y qué hace cuando Contraloría observa el uso de recursos públicos. De lo contrario, la cuenta pública pasa a ser propaganda».
— Raimundo Palamara Stewart, presidente de Fundación Fuerza Ciudadana.
Por si fuera poco, la auditoría destapó un alarmante patrón de desvíos y negligencias que involucra el financiamiento de proyectos emblemáticos de seguridad ciudadana, como el polémico convenio con la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos para la reposición de 67 carros bomba. En una maniobra calificada como sumamente temeraria, el Gobierno Regional de Valparaíso liberó una segunda remesa de más de 3.305 millones de pesos sin que se hubiese rendido la compra de un solo vehículo y sin exigir las boletas de garantía obligatorias para resguardar las arcas fiscales. El descontrol llegó al extremo de que la institución bomberil invirtió los fondos públicos en cuentas bancarias en moneda extranjera (dólares y euros) sin autorización alguna, manteniendo actualmente más de 3.616 millones de pesos en rendiciones completamente congeladas y bajo sospecha.
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La lista de irregularidades suma y sigue con la Corporación FIMA, entidad que recibió millonarios fondos para la justicia ambiental y terminó utilizando 11 millones de pesos públicos para remodelar el inmueble de su sede permanente, propiedad de la madre del propio Director Ejecutivo de la corporación. Asimismo, el fantasma de la corrupción ronda con fuerza el caso de la Fundación Procultura, donde el GORE tuvo que interponer una demanda civil de cobro ante el fracaso y las observaciones no subsanadas de un proyecto de muralismo en La Calera, cuyos antecedentes ya forman parte de una indagatoria penal vigente. Ante este escenario de desfalco generalizado, la ciudadanía exige con urgencia que las autoridades regionales rompan el silencio y respondan ante la justicia por esta masiva pérdida de brújula en el manejo del dinero de todos los chilenos. Contraloría
