El Comité de Ministros aprobó este lunes dos iniciativas de inversión que totalizaron más de 225 millones de dólares, tras una sesión ordinaria que presidió la ministra Francisca Toledo y que congregó a los titulares de las carteras vinculadas al nuevo gobierno de José Antonio Kast. La instancia confirmó las Resoluciones de Calificación Ambiental correspondientes, marcando un hito en la tramitación regulatoria del país.
Las resoluciones favorables validaron el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Bahía Quintero, con un monto cercano a los treinta millones de dólares, y la construcción de la subestación Nueva Lagunas junto a su respectiva línea de transmisión, cuya inversión alcanzó los 195 millones de dólares. Ambas propuestas superaron las etapas de revisión técnica y quedaron habilitadas para avanzar hacia su fase de ejecución material.
La planta de generación de hidrógeno verde se emplazó dentro del mismo predio industrial que alberga la Planta de Regasificación de Gas Natural de GNL en la bahía de Quintero, área estratégica de la región de Valparaíso. Paralelamente, la infraestructura eléctrica se planificó entre Pozo Almonte y María Elena, conectando territorios de Tarapacá y Antofagasta para reforzar significativamente la capacidad de distribución energética nacional.
Durante la jornada, la autoridad ministerial subrayó el enfoque operativo que el Ejecutivo pretendió consolidar en esta instancia, recordando que la reunión de ese día representó el tercer encuentro del órgano en menos de dos meses de gestión. Toledo enfatizó que el cumplimiento riguroso de los cronogramas institucionales no implicó una relajación de los criterios técnicos, sino una administración más ágil y transparente.
El director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, respaldó la estrategia gubernamental al señalar que el comité ya había analizado siete iniciativas que representaron una cifra superior a los 3.300 millones de dólares en capital privado. El funcionario recalcó que la prioridad institucional consistió en blindar la certeza jurídica del sistema evaluador, garantizando simultáneamente el estricto apego a la normativa ambiental chilena.
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Este ritmo acelerado de decisiones provocó alertas en las bancadas parlamentarias, donde voceros de la oposición cuestionaron si la urgencia por destrabar inversiones podría comprometer la exhaustividad de los estudios de impacto en territorios con alta fragilidad ecológica. Mientras dos proyectos adicionales permanecieron a la espera de una próxima sesión extraordinaria, la instancia ministerial se consolidó como el espacio donde se dirimió el equilibrio entre reactivación productiva y sustentabilidad.
