El proyecto habitacional Maratué, ubicado en la comuna de Puchuncaví, fue objeto de controversia tras la entrega de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en octubre pasado. Aunque la iniciativa contaba con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dos reclamaciones en contra del proyecto surgieron en diciembre, encabezadas por el abogado Francisco Astorga y la activista Alejandra Donoso, quienes representaron a decenas de afectados. Las críticas se centraron en el tamaño desmesurado del proyecto, que implicaba la construcción de 14.000 viviendas.
Las reclamaciones también señalaron que la construcción de una ciudad privada en la zona violaba los principios de planificación urbana y sostenibilidad. En respuesta, la inmobiliaria a cargo, liderada por Claudia Lería, defendió el proyecto, argumentando que Maratué estaba diseñado para ser un crecimiento ordenado y gradual, con 40 años de desarrollo a razón de 315 unidades por año. Sin embargo, los detractores continúan advirtiendo sobre los impactos potenciales en la comunidad y el medio ambiente.
Uno de los temas más polémicos fue la afectación de la fauna local, especialmente de especies como el piquero (sula variegata), que podría verse comprometido por las obras. A pesar de ello, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se mostró conforme con las medidas de protección que incluían una zona de conservación de más de 500 metros alrededor de los nidos. Este pronunciamiento ha sido el único hasta ahora, ya que otros organismos como Sernatur y Conaf aún no han emitido respuesta.
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Con el Comité de ministros encargado de decidir la viabilidad del proyecto, la inmobiliaria busca asegurar un socio estratégico que ayude a materializar la idea. A medida que se esperan los últimos informes, las preocupaciones siguen creciendo, especialmente por los impactos sociales y ecológicos que podría tener la llegada de Maratué en una zona ya sobrecargada por proyectos de infraestructura vial y loteos irregulares.
