La Contraloría General de la República comenzó el martes 19 de agosto una serie de auditorías en puertos y aduanas de diez regiones del país, entre ellas Quintero, con el fin de evaluar la eficacia de los controles de comercio exterior. Los protagonistas son la Contraloría Regional de Valparaíso, que lidera el proceso, junto a otras sedes regionales y el Servicio Nacional de Aduanas. La fiscalización abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de marzo de 2025. Esta revisión es importante para garantizar la transparencia en el ingreso y salida de mercancías y prevenir irregularidades en puntos estratégicos del comercio exterior.
Las auditorías se extendieron a múltiples puntos fronterizos y portuarios, destacando especialmente la intervención en el Puerto de Quintero, uno de los nodos logísticos más sensibles del litoral central. En este recinto, funcionarios de la Contraloría Regional de Valparaíso comenzaron a revisar los protocolos de control aduanero, el uso de equipos de escaneo y la trazabilidad de las operaciones de importación y exportación. El enfoque incluye verificar si los sistemas tecnológicos han operado sin interrupciones y si se han cumplido los protocolos de mantenimiento. La elección de Quintero responde a su histórica relevancia en el comercio marítimo y a preocupaciones previas sobre eventuales fallas en la fiscalización.
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Además de Quintero, la Contraloría de Valparaíso también inspeccionará el Puerto de San Antonio y el Paso Los Libertadores en Los Andes, mientras que en la Región Metropolitana se revisará el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. En el resto del país, las contralorías regionales de Arica, Antofagasta, Coquimbo, Biobío y otras zonas aplicarán el mismo protocolo de evaluación en sus respectivos puertos y aduanas. El objetivo común es determinar si los equipos de control, como los scanners de contenedores, están operativos y si los procedimientos aduaneros cumplen con las normas vigentes. Esta acción coordinada refleja una estrategia nacional de fortalecimiento del control fronterizo.
Uno de los ejes centrales de la auditoría es analizar si las aduanas cuentan con los recursos técnicos suficientes para detectar mercancías prohibidas o no declaradas, así como evaluar la efectividad de las incautaciones realizadas en los últimos años. En este contexto, se indagará especialmente en posibles brechas entre las inspecciones automatizadas y las revisiones manuales, y si factores como fallas técnicas o falta de personal han afectado el desempeño. La División de Fiscalización de la Contraloría General brindará apoyo técnico y logístico a todas las regiones involucradas, asegurando homogeneidad en los criterios de evaluación.
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Esta nueva fase de fiscalizaciones se enmarca en una serie de acciones previas que ya habían evidenciado deficiencias en otros puertos. Por ejemplo, el Informe Final N° 788/2024 reveló que en el Puerto de Valparaíso se autorizó el ingreso de insumos médicos sin la debida visación del ISP, lo que generó alertas sobre la coordinación interinstitucional. Asimismo, hay auditorías en curso en Talcahuano y Coronel, cuyos resultados se esperan próximamente. En Quintero, estas revisiones podrían derivar en recomendaciones para mejorar la gestión aduanera, reforzar la vigilancia ambiental y optimizar la operación portuaria en un contexto de creciente escrutinio público.
