La tramitación del polémico plan regulador de Puchuncaví sigue sumida en un panorama de confusión y falta de claridad. La Municipalidad, que ya había enviado a la Contraloría un oficio solicitando la revisión de aspectos legales y vicios del proceso, retrocedió de manera sorpresiva. A pesar de haber determinado que la intervención de la Contraloría era necesaria, el municipio finalmente optó por retirar dicha presentación. Esta acción, tomada en una sesión privada del consejo municipal, ha levantado dudas sobre la verdadera intención de las autoridades locales y su disposición a esclarecer los problemas en la tramitación del plan.
El conflicto principal de este proceso ha girado en torno a la exclusión de la localidad de Marbella del plan regulador, una decisión que ha sido ampliamente cuestionada por concejales y ciudadanos. A pesar de las demandas de transparencia, no se ha dado una explicación clara sobre por qué Marbella fue excluida de la clasificación urbana. Además, se ha señalado la inclusión de normas derogadas del Plan Intercomunal de 2006 y la falta de ajuste a las normativas vigentes para 2023, lo que ha generado un creciente malestar en la comunidad.
En la reunión de la comisión de obras, que dirige el concejal Agustín Valencia y participaron el jefe de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, Felipe Zhar, y la consultora Prociudad, se discutieron estos puntos, pero no se llegó a consensos definitivos. A pesar de la presencia de estos actores clave, la municipalidad optó por no seguir adelante con la intervención de la Contraloría, dejando la decisión en manos de la División de Desarrollo Urbano (DDU). Esto ha generado más incertidumbre, ya que los problemas más importantes, como la legalidad de las vialidades y la falta de participación ciudadana, aún no han sido resueltos.
La falta de consenso dentro de la propia municipalidad ha retrasado aún más la elaboración del plan regulador. El municipio se ve ahora obligado a congelar el proceso hasta que la DDU emita su informe, lo que podría llevar a una nueva suspensión del contrato con la consultora Prociudad o, incluso, a su cancelación definitiva. Mientras tanto, el futuro del plan regulador sigue siendo incierto y lleno de contradicciones, lo que afecta directamente a la comunidad de Puchuncaví, que espera respuestas claras sobre el futuro de su desarrollo urbano.
Uno de los aspectos más graves del proceso ha sido la denuncia de normas ficticias en la tramitación de vialidades, las cuales no reflejan la realidad del terreno. Estas irregularidades han sido señaladas por concejales y ciudadanos como un claro indicio de la falta de seriedad en la elaboración del plan. La falta de una explicación coherente sobre estos problemas genera desconfianza y alimenta la sensación de que el proceso ha estado marcado por la improvisación y la falta de transparencia.
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A pesar de las promesas de transparencia, el municipio de Puchuncaví ha tomado decisiones que parecen ir en contra del principio de claridad que debería regir cualquier proceso administrativo. Aunque el equipo político municipal ha decidido retirar el oficio a la Contraloría, es evidente que la situación no ha sido aclarada de manera satisfactoria. La comunidad y los actores involucrados siguen esperando una respuesta firme y honesta sobre los problemas legales y técnicos del plan, que, hasta ahora, parece seguir beneficiando a unos pocos, dejando de lado a los más afectados.
