La educación no es solo una herramienta de desarrollo personal, es un derecho fundamental, un pilar de la democracia y un factor de protección para la niñez y adolescencia. Sin embargo, en la región de Valparaíso, ese pilar se está resquebrajando. Las cifras de deserción y ausentismo escolar son una bomba de tiempo que exige acción inmediata.
Según denunció el ex core Manuel Millones, más de 70 mil niños no asisten regularmente a clases en la región, mientras que 4.527 han abandonado completamente el sistema educativo. Estos no son solo números: son vidas en riesgo, oportunidades truncadas, derechos vulnerados. Y detrás de cada cifra, hay historias de familias en situación de vulnerabilidad, barrios marcados por la delincuencia y sistemas de protección que no alcanzan a contener la crisis.
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Pero el problema no termina ahí. Millones también señaló que Valparaíso lidera las denuncias por abuso sexual infantil, con una estimación de 4.100 casos y un aumento del 57% en explotación sexual infantil en 2023 en comparación con el año anterior. Además, el Ministerio Público presentó 4.532 causas en el marco de la Ley Penal Adolescente, lo que revela una estrecha relación entre el abandono escolar y la delincuencia juvenil.
Estos datos no pueden ser más elocuentes: los niños y adolescentes que no están en las aulas están expuestos a riesgos mucho mayores. Muchos de ellos viven en barrios donde el narco tráfico y la delincuencia organizada han ocupado espacios que antes eran de juego, aprendizaje y protección. La escuela no solo enseña; protege. Es un refugio, una estructura, una rutina que ayuda a construir identidad y esperanza.
Un estudio de la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2015) confirma lo que la intuición ya nos dice: 7 de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo si vuelven a una familia prosocial o reingresan al sistema educativo. Esto no solo es un dato, es un camino: la solución está en la escuela y en la familia.
Por eso, urge una política integral que vaya más allá de los discursos. Es necesario fortalecer el rol de la familia, apoyarla en su función protectora, y recuperar las escuelas como espacios comunitarios, no solo de enseñanza, sino de encuentro, recreación y contención. Millones propone con razón abrir las escuelas los fines de semana, convertirlas en centros culturales y sociales para las comunidades. Eso no solo reduce el ausentismo, sino que amplía el perímetro de protección de los menores.
Pero también hay que reconocer que la delincuencia organizada está invadiendo los espacios que históricamente han pertenecido a los niños. Y mientras eso ocurre, aumenta la tasa de homicidios entre menores. Esa invasión silenciosa no puede seguir sin respuesta. Es hora de una intervención urgente que articule esfuerzos entre el gobierno regional, los municipios, el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros y la sociedad civil.
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No se trata solo de evitar que los niños dejen de asistir al colegio, sino de impedir que caigan en las redes de la explotación, la violencia y la delincuencia. Se trata de garantizarles una infancia digna, una adolescencia segura y un futuro posible.
La deserción escolar no es un problema educativo aislado: es un problema social que nos interpela a todos. Mientras más tiempo pasamos discutiendo, más niños se pierden en el camino. La región de Valparaíso está en alerta. Y no hay tiempo que perder.
