Una vez más las malas y arbitrarias decisiones de la administración del actual alcalde Marcos Morales Ureta, están afectando nuevamente al golpeado y alicaído presupuesto municipal. Esta vez por demandas de dos funcionarios, uno del departamento de salud y otro del departamento de educación quienes demandaron al municipio por despido injustificado e incumplimiento de contrato.
Lo anterior implica que la Municipalidad deberá nuevamente destinar recursos que no tenía planificados para pagar 138 millones de pesos por concepto de indemnizaciones y otros aspectos legales y previsionales.
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El primero es el caso de una funcionaria de salud, la que fue despedida de manera injustificada y que demandó a la Municipalidad de Puchuncaví, la que debe pagar $85.515.928 de pesos por conceptos previsionales y de indemnización.
Pero en este caso lo más grave es que, a pesar de que el departamento de Salud cuenta con un abogado exclusivo para ver sus temas y la Dirección Jurídica Municipal tiene varios abogados más, nadie se presentó a la audiencia para defender los intereses municipales, lo que sin duda es una gravísima negligencia y que determinó que se condenara al municipio. Como detalle que agrava aún más esta falta, hay que mencionar que la audiencia era vía Zoom, o sea de manera virtual, ni siquiera el abogado tenía que ir a los tribunales.
PROBLEMAS EN EL DAEM
El segundo caso tiene que ver con la demanda hecha por un profesional dependiente del Departamento de Educación y que se desempeñaba en un establecimiento educacional, a quien “de forma unilateral se le impuso una jornada laboral disminuida y la consecuente rebaja en sus remuneraciones” según indica la sentencia judicial.
Lo anterior habría implicado según el juez un incumplimiento grave del contrato de trabajo, “lo que vulneró el derecho de la libertad de trabajo y la integridad síquica del denunciante”.
Todo lo anterior implicó que la Municipalidad deberá pagar $52.570.981 de pesos que consideran indemnización sustitutiva, por años de servicio, por daño moral, pago de cotizaciones, saldo de remuneraciones, entre otros aspectos. Además de declarar nulo el despido del funcionario.
De la misma forma, el juez condenó al municipio a ofrecer disculpas públicas por medio de un comunicado oficial que debe ser dirigido a todos los trabajadores de la empresa, además de ser publicada en la página web municipal por 30 días.
Y una de las cosas más llamativas es que el Juez condenó al municipio a que se dicte un curso de “Derechos fundamentales en la Empresa”, el que debe ser impartido por un profesor universitario de Derecho del Trabajo, al que deben asistir el alcalde Marcos Morales Ureta y su equipo directivo.
Sin duda si este curso se hubiera dictado antes, el municipio podría haberse ahorrado decenas de millones de pesos por pago de indemnizaciones por las malas y negligentes decisiones de la actual administración, las que han perjudicado gravemente al patrimonio municipal.
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CONCLUSIONES
Como ciudadanos, las personas se preguntan ¿quién se hace responsable de estas malas decisiones que afectan el presupuesto y que implica que el municipio deje de hacer cosas porque no hay recursos? Morales
¿Quién se hace responsable de que ningún abogado se haya presentado a la audiencia judicial por el caso de la funcionaria del departamento de salud, considerando que era de manera virtual?
¿Costaba tanto que el abogado que le correspondía defender los intereses de la Municipalidad se conectara a internet, se pusiera frente a un computador y participara de la audiencia?
Si sumamos los 100 millones de pesos que se le deben pagar a la exabogada municipal que también fue despedida de mala manera, bien cabe preguntarse ¿Cuántas cosas podrían haberse hecho en beneficio de la comunidad con los más de 238 millones de pesos que el municipio debe pagar por estos despidos injustificados y por las malas y negligentes decisiones de la Administración del alcalde Marcos Morales?
