Una preocupante realidad ha arrojado una rápida revisión hecha a la información publicada por la Municipalidad de Puchuncaví en su página web, donde se puede ver que durante la administración del alcalde Marcos Morales se han pagado más de 178 millones de pesos eludiendo todos los procedimientos de compras públicas establecidos en la ley.
Como medio de comunicación detectamos más de 20 decretos alcaldicios firmados por el propio alcalde donde instruye a la Dirección de Administración y Finanzas que se paguen deudas contraídas con diversos proveedores eludiendo la Ley 19.886 de Compras Públicas, considerando que no se realizó ninguno de los procedimientos administrativos que indica la ley.
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De hecho, casi en la totalidad de los decretos se reconoce que “no fue posible realizar el correspondiente proceso de compras públicas, por lo que la contratación de dicho servicio fue realizado directamente y sin el respectivo respaldo contractual en el marco de la Ley 19.886”
En varios de los documentos también se argumenta que estas contrataciones sin respaldo se hicieron “de buena fe y por error”, lo que llama la atención pues muchas de estas contrataciones son cosas que podían planificarse con el debido tiempo o simplemente obedecen a una muy mala gestión y programación ya que se trata de actividades que siempre realiza el municipio.
Dentro de los servicios contratados sin haber pasado por los procesos de compra destacan servicios de banquetería, amplificación, transporte, mantención del estadio municipal, contratación de artistas, jurado para competencia de asados, servicio de cámara 360, pago de maestro, almuerzos, compra de maicillo, entre otros.
Es así como el año 2022 se pagaron en total $18.144.910; el año 2023 se pagaron $114.351.500; y en el año 2024 se han pagado $46.276.208 claro que la documentación está subida a la página web hasta el 31 de mayo, faltando casi 5 meses de documentación que podrían aumentar la cifra de 178 millones, con esta práctica que va contra lo que obliga la ley a los municipios.
Si bien no se cuestiona que el municipio debe cancelar las deudas con sus proveedores cuando el servicio ha sido efectivamente entregado, cabe preguntarse si esta mala práctica que contraviene una ley se transformó en una costumbre en la Municipalidad, debido a que resulta poco creíble que desde el año 2022 a la fecha se venga argumentando que de “buena fe y por error” se contrataron servicios sin haber pasado por el proceso normal de compras públicas.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Quién se hace responsable de los “errores” de haber contratado sin tener los respaldos de la ley de compras? Y esto tiene una relevancia porque en varios de los decretos se menciona que deben iniciarse las investigaciones respectivas para buscar las responsabilidades de los funcionarios que no cumplieron con los procesos de compra. ¿Se ha hecho alguna investigación?
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Una vez más queda en evidencia los graves problemas administrativos que se han cometido en la administración del alcalde Marcos Morales, donde se elude fácilmente una ley obligatoria para el municipio. Tampoco se debe dejar de reiterar que no están publicados todos los decretos alcaldicios del año 2024, faltando casi 5 meses de documentación, faltando gravemente otra vez a las obligaciones que establece la Ley de Transparencia.
