Las víctimas de los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví solicitaron el lunes al Gobierno que Chile se allanara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un total de 1.034 familias afectadas, representadas por el abogado Remberto Valdés, enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores para exigir la apertura de una mesa de conciliación y solución amistosa por la denuncia presentada contra el Estado chileno.
El patrocinante de los vecinos formalizó esta petición mediante un documento dirigido a la Cancillería, donde exigió una posición activa frente a la Petición P-1800-25. La CIDH había transmitido formalmente el reclamo al Estado el 5 de febrero de 2026 por la presunta vulneración de los derechos a la vida y la salud. Sin embargo, los afectados recordaron que el organismo interamericano notificó el 13 de julio que el Gobierno no respondió dentro del plazo establecido.
El abogado Valdés argumentó que existiría una grave contradicción si Chile buscaba defender internacionalmente a ENAP, ya que el Ministerio Público y el CDE actuaron como acusadores en los tribunales nacionales. Los representantes de las víctimas cuestionaron que la Cancillería adoptara una postura distinta a la de los organismos persecutores, especialmente tras la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a los ejecutivos de la estatal por un estrecho margen de tres votos contra dos.
El escrito también planteó severos reparos respecto a la actuación de la abogada integrante Pía Tavolari, a quien acusaron de haber omitido declarar participaciones que constituían conflictos de interés en la redacción del fallo. A esto se sumaron los nuevos antecedentes surgidos durante el año 2026 sobre la Refinería Aconcagua, luego de que ENAP presentara una querella por la presunta falsificación de reportes de dióxido de azufre y los tribunales admitieran una nueva acción legal de las víctimas.
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Finalmente, los representantes pusieron el foco en el paso del tiempo y el impacto humano del conflicto iniciado tras los episodios de agosto de 2018. El documento señaló que esta postergación ostentaba un costo irreparable, ya que cifró en diecisiete las personas de la zona de sacrificio que fallecieron esperando justicia. Por ello, solicitaron al Ejecutivo que impulsara una salida mediante un acuerdo para alcanzar una solución definitiva al histórico conflicto.
