Una alarmante denuncia ha surgido en la comunidad de Puchuncaví, donde se evidencia que el alcalde Marcos Morales está utilizando las redes sociales municipales para promocionar su campaña electoral, una práctica que contraviene las directrices establecidas por la Contraloría General de la República.
Los ciudadanos han observado con preocupación cómo la página oficial de Facebook de la Municipalidad se ha convertido en un escenario para dar “Me gusta” a las publicaciones del alcalde Morales, generando la sospecha de que se está abusando de recursos públicos para ganar ventaja electoral. Este uso no solo es cuestionable éticamente, sino que también infringe lo estipulado en el documento N°7339/2024 emitido por la Contraloría el pasado 27 de septiembre, donde se establece que todos los órganos del Estado deben regirse por los principios de juridicidad y probidad.
El instructivo de la Contraloría es claro al respecto. Prohíbe a los funcionarios públicos utilizar los medios digitales institucionales para actividades políticas o intervenciones en campañas, y enfatiza que las redes sociales deben servir únicamente para informar a la comunidad sobre las funciones que deben cumplir. Sin embargo, parece que el municipio de Puchuncaví está haciendo caso omiso a estas normas, lo que podría implicar serias consecuencias legales.
El documento también aclara que es inapropiado que las redes sociales institucionales enlacen a cuentas personales de autoridades, ya que esto se considera un uso indebido de bienes públicos. A pesar de las advertencias, los registros de las redes sociales muestran una tendencia alarmante hacia la promoción de la imagen personal del alcalde, dejando en entredicho su compromiso con una campaña responsable y transparente.
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Los ciudadanos de Puchuncaví exigen que esta situación sea investigada y que el alcalde Morales ponga fin a estas prácticas que atentan contra la integridad de la administración pública. En un escenario donde se habla de campañas limpias, los hechos hablan por sí mismos y hacen un llamado urgente a la responsabilidad y al respeto por las normas en el ejercicio del poder.
Solo queda esperar que esta denuncia no caiga en el olvido y que en especial todos los concejales en su obligación de fiscalizar tomen las acciones necesarias para salvaguardar el buen uso de los recursos municipales y la ética en la gestión pública. La comunidad está atenta y exige que se respete la normativa, poniendo fin al uso indebido de herramientas municipales para beneficio de intereses personales.
