La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formula cargos formales contra la empresa Gasmar S.A. por incumplimientos reiterados en los monitoreos de sus descargas en la Bahía de Quintero durante 2023 y 2024. Los hechos, detectados tras una revisión de reportes acumulados desde 2022, involucran tanto la omisión de parámetros obligatorios como la superación de límites legales de contaminantes. La planta, ubicada en la Región de Valparaíso, es operada por Gasmar y utiliza agua de mar clorada en sus procesos industriales. Este caso es relevante porque pone en riesgo la calidad del ecosistema marino de una zona históricamente afectada por episodios de contaminación.
Los cargos se sustentan en hallazgos derivados de investigaciones ambientales que se remontan al menos a 2021, cuando la SMA estableció un Programa de Monitoreo de Receptores (RPM) específico para la instalación. A pesar de que en 2023 la empresa recibió un plazo de dos meses para corregir deficiencias y someterse a una fiscalización extendida, los informes de 2024 confirmaron nuevos incumplimientos. Estas irregularidades incluyen la falta de reporte de parámetros críticos en junio de 2024 y niveles excesivos de hidrocarburos volátiles y alteraciones de pH en enero de 2023, ambos en el Punto 2 de descarga en la bahía.
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La gravedad del caso radica en que los antecedentes acumulados durante años evidencian una conducta negligente o sistemática por parte de la empresa, lo que podría configurar infracciones graves a la normativa ambiental chilena, en particular al Decreto Supremo N° 90/2000. María José Silva, jefa de la Oficina Regional de Valparaíso de la SMA, subrayó que existen “antecedentes suficientes” para iniciar el procedimiento sancionatorio, cuyo objetivo es garantizar la protección de las aguas marinas y exigir responsabilidad ambiental. La Bahía de Quintero, ya marcada por crisis sanitarias previas vinculadas a la contaminación industrial, requiere controles rigurosos y cumplimiento estricto.
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El proceso sancionatorio ya se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), bajo el número de ficha 4290, y podría derivar en multas, medidas de reparación o incluso en la suspensión de operaciones. Para la comunidad local y organizaciones ambientales, este caso reabre el debate sobre la fiscalización efectiva en zonas de sacrificio y la necesidad de actualizar marcos regulatorios obsoletos. Las investigaciones prolongadas demuestran que, sin seguimiento continuo y sanciones ejemplares, las empresas pueden postergar indefinidamente su adaptación a estándares ambientales mínimos.
