El 15 de enero de 2026, el Juzgado de Garantía de Quintero fijó una audiencia para el 3 de marzo del mismo año en el marco de una querella por calumnias e injurias graves con publicidad interpuesta por Alonso Retamales Campos, actual Secretario Comunal de Planificación (SECPLA) de la Municipalidad de Quintero, en contra del concejal Mario Andrés González Ahumada. Los hechos denunciados ocurrieron durante dos sesiones del Concejo Municipal celebradas en diciembre de 2025, donde el edil habría atribuido falsamente al funcionario una formalización por malversación de fondos públicos, afectando su honor y reputación profesional.
Según la querella presentada, durante la Sesión Ordinaria N°36 del 3 de diciembre de 2025, González Ahumada cuestionó públicamente la gestión del alcalde Rolando Silva y, de paso, vinculó a Retamales con un supuesto caso de malversación ocurrido durante su anterior cargo como Seremi de Minería. Aunque el concejal afirmó no tener “nada personal” contra el SECPLA, sus palabras —reproducidas en vivo y disponibles en YouTube— fueron interpretadas por la parte querellante como una imputación falsa y deliberada con intención de desprestigiarle ante la comunidad y sus pares.
La situación se agravó en la Sesión Extraordinaria N°10 del 12 de diciembre, cuando el concejal reiteró su desconfianza en la administración municipal y, en particular, en la dirección de la SECPLA, afirmando que no aprobaría partidas presupuestarias mientras el cargo estuviera a cargo de alguien “formalizado por malversación de fondos”. Retamales, quien aportó certificados que acreditan su desempeño en cargos públicos desde 2002 y niega haber sido formalizado jamás por delitos de esa naturaleza, consideró estas declaraciones como gravemente lesivas y constitutivas de calumnia e injuria con publicidad.
El juez Toro del tribunal de garantía de Quintero admitió a trámite la querella y ordenó citar a todos los intervinientes, incluyendo a testigos propuestos por la parte querellante, entre ellos funcionarios municipales como el asesor jurídico Víctor Ríos y el administrador César Garrido. Asimismo, se designó a la abogada Alejandra Pizarro Catalán como defensora de González Ahumada, salvo que esté presente un abogado de su confianza. La notificación se realizará de forma personal o conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.
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Además de la acción penal, Retamales dedujo una demanda civil por daño moral, solicitando una indemnización de 15 millones de pesos. En su argumentación, subrayó que las expresiones del concejal no solo carecen de sustento fáctico, sino que socavan su trayectoria profesional construida durante más de dos décadas en el sector público, incluyendo cargos como Seremi de Minería de Valparaíso y jefe de gabinete en distintas instituciones regionales.
Este caso pone en evidencia las tensiones políticas y administrativas dentro del municipio de Quintero, comuna históricamente marcada por conflictos ambientales y sociales. La audiencia del 3 de marzo será clave para determinar si las declaraciones del concejal excedieron los límites de la fiscalización legítima o si constituyen, efectivamente, un delito contra el honor.
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
