Los alcaldes de ciudades portuarias de Chile exigen una ley que establezca un tributo por la carga movilizada en puertos concesionados. La demanda se intensificó durante los últimos días. El alcalde de Quintero, Rolando Sila, líder de la Asociación de Ciudades Puertos Concesionados de Chile, encabeza la iniciativa junto a representantes de comunas como Puchuncaví, Los Vilos, Caldera y Tocopilla. Esta movilización es crucial porque, tras 12 años de lucha, las comunas que albergan puertos estratégicos siguen sin recibir compensación por los impactos ambientales, sociales e infraestructurales que soportan.
Desde hace más de una década, la asociación ha presentado su reclamo ante múltiples gobiernos, ministerios y cámaras legislativas, sin lograr una respuesta concreta. Su propuesta central es la creación de un tributo portuario de 0,5 dólares por tonelada movilizada en el primer año, con una escala progresiva que llegaría a tres dólares en cinco años. Este mecanismo, que no afectaría a exportaciones como la sal, busca reconocer el peso que soportan localidades como Quintero y Puchuncaví, donde el tráfico de petróleo, gas y minerales genera desgaste constante sin retorno económico directo.
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Los recursos recaudados se repartirían al 50% entre las comunas anfitrionas y los gobiernos regionales. Este modelo permitiría financiar reparaciones de caminos dañados por el tráfico pesado, proyectos de salud, educación y recuperación ambiental. Actualmente, municipios como Quintero deben destinar fondos propios para mantener infraestructura deteriorada por camiones de empresas portuarias, sin que estas contribuyan directamente al mantenimiento. La falta de compensación se vuelve aún más injusta cuando se considera que estas zonas aportan cerca del 80% de la energía que consume Santiago.
Además del aspecto económico, los alcaldes exigen participación real en la gestión de los puertos. Proponen que los ediles de las comunas donde operan estos recintos tengan voz y voto en los directorios de las empresas concesionarias. Hoy, los proyectos se aprueban sin consulta previa, dejando a las autoridades locales sin capacidad de incidencia. Incluir a los alcaldes en instancias de toma de decisiones garantizaría transparencia y alineación con las necesidades territoriales, especialmente en zonas con vocación turística.
Rolando Silva señalo a La Bahía on Line que Quintero, por ejemplo, no vive solo del puerto: posee más de 11 playas, cuatro de ellas aptas para el baño, y depende del turismo como fuente de desarrollo. Sin embargo, la actividad portuaria contamina, genera ruido y deteriora el atractivo costero. La dualidad entre puerto e identidad turística exige políticas que equilibren la inversión y el cuidado del entorno. Por eso, los alcaldes insisten en que las empresas que operan en sus territorios también inviertan en ellos, más allá de obligaciones legales mínimas.
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Silva adelanto que se efectuara una reunión del 2 de septiembre con diputados y senadores marcara un punto de inflexión, al unir a puertos públicos y privados en una misma demanda. En un año electoral, los representantes locales exigen que los candidatos presidenciales asuman este tema como prioridad nacional. Su mensaje es claro: las ciudades que sostienen la logística del país merecen justicia territorial, participación y recursos para desarrollarse con dignidad. Rolando Silva alcalde de Quintero señalo “Tras 12 años de espera, piden que el Estado escuche el clamor de quienes pagan el precio del progreso ajeno”.
