Una comitiva de fiscalizadores, integrada por los concejales Juan Peña, Agustín Valencia, Benjamín Angulo y Rosa Berríos, junto a dirigentes sociales, destapó una trama de abandono y procesos falsos en la planta de La Chocota. Durante la tensa jornada, los guardias intentaron bloquear el paso de las autoridades, quienes finalmente irrumpieron para descubrir que las máquinas estaban apagadas y que el «tratamiento» del agua se hacía con bidones manuales ante la falta de químicos. Esta explosiva inspección reveló cómo la administración municipal ignoró durante meses los derrames que inundaron las casas de vecinos desesperados.
El horror en La Chocota no tuvo límites cuando los concejales lograron entrar al recinto municipal tras un bloqueo inicial que levantó sospechas de inmediato. Al ingresar, el ambiente fue desolador: la planta estaba completamente detenida y solo comenzó a funcionar cuando notaron la presencia de las cámaras y autoridades locales. En ese instante, un olor nauseabundo comenzó a emanar, confirmando las pesadillas que los vecinos denunciaron durante meses sin obtener respuesta de la alcaldía.
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Lo más indignante de la jornada fue el descubrimiento de un proceso de desinfección de fachada que rozó lo criminal para los presentes. Donde el sistema debía inyectar cloro de forma automática, solo corría agua cristalina sin rastro alguno de desinfectante para las bacterias. Al ser cuestionados, los encargados de la empresa intentaron justificar lo injustificable, enviando a un operario con un bidón lleno a verter el químico manualmente, en un acto desesperado por ocultar la negligencia.
El concejal Benjamín Angulo arremetió contra la opacidad administrativa que ha rodeado este proyecto desde principios del año pasado, calificando la situación como una crisis sanitaria sin precedentes. Angulo denunció que se intentó imponer un cuestionado «trato directo» para evadir la transparencia, algo a lo que el cuerpo de ediles se opuso tajantemente para proteger los recursos públicos. La planta, según sus palabras, no funcionaba mientras los vecinos sufrían rebalses de desechos humanos en sus propios hogares.
Por su parte, el concejal Juan Peña Bernal no escatimó en adjetivos para calificar la gestión del alcalde Marcos Morales como «impresentable» y profundamente negligente con la salud de la comunidad. Peña relató cómo el jefe comunal desautorizó a su propio equipo directivo, manteniendo sesiones de consejo de manera autoritaria pese a no contar con acuerdos previos. Los ediles acusaron que se jugaba con la dignidad de las familias de La Chocota mientras se intentaba adjudicar millonarios montos sin licitación.
El concejal Agustín Valencia describió una escena de «pasividad» absoluta dentro de la planta, donde apenas unos pocos trabajadores parecían custodiar instalaciones que se caen a pedazos. Valencia fue enfático en señalar que el municipio solo mostró «nerviosismo» tras el fallo de la Corte que les impuso plazos fatales para solucionar el desastre ambiental. Para el edil, es inaceptable que se culpe a los fiscalizadores mientras los niños deben almorzar rodeados de aguas servidas que corren por las calles.
La concejala Rosa Berrios se mostró consternada por la falta de palabra de la administración, denunciando que el consenso alcanzado con los directivos fue pisoteado por el propio alcalde. Berrios subrayó que el poder de los directores municipales fue anulado, dejando en evidencia un quiebre interno que solo perjudicaba a los habitantes de la zona. Para la concejala, este nivel de desorganización política fue el motor que permitió que la planta llegará a un estado de abandono total y peligroso.
Nielz Cortés, representante de las comunidades en el CRAS, comparó el estado de la planta con una «granja» abandonada donde se dejó morir todo el sistema por falta de preocupación básica. Cortés reveló que existieron equipos quemados que nunca se repusieron, convirtiendo una infraestructura equipada en un foco de infección por pura desidia operativa. El dirigente social alertó que el desastre actual fue perfectamente evitable si se hubiera tenido un mínimo de diligencia técnica por parte de la empresa operadora.
El drama humano lo puso Pamela Silva, secretaria del Comité Nueva 10 de Mayo, quien relató con amargura cómo desde febrero de 2025 las soluciones desaparecieron por completo. Silva denunció que los «kits de emergencia» enviados por la municipalidad fueron una burla cruel para familias que vivían entre el excremento y el hedor. Según su testimonio, el municipio ignoró sistemáticamente las alertas sanitarias y las denuncias ante la Seremi, obligando a los vecinos a recurrir a la justicia.
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A pesar de que el fallo judicial del 9 de enero exigía detener los derrames de forma inmediata, la realidad en el terreno demostró que la orden fue desobedecida de manera flagrante. Los abogados de la comunidad ya informaron el incumplimiento de la sentencia, mientras el municipio sigue prometiendo «trabajos futuros» que no llegan. La desesperación reina en La Chocota, donde la desconfianza hacia la gestión de Morales alcanzó un punto de no retorno tras la vergonzosa inspección de los ediles.
Finalmente, tras la presión del concejo y el escándalo público, el pasado lunes 9 de febrero se logró levantar una licitación pública para intentar rescatar la planta de su ruina. Los concejales prometieron seguir fiscalizando cada peso de los 400 millones disponibles, asegurando que no permitirán más engaños con bidones de cloro a última hora. La batalla judicial continúa, mientras los vecinos esperan que, por fin, la dignidad regrese a un sector que fue abandonado por sus propias autoridades.
