El concejal Juan Peña denunció duramente este lunes en el concejo municipal que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró ilegales los actos cometidos por la administración edilicia contra vecinos con movilidad reducida. Los protagonistas de este escándalo administrativo fueron los emprendedores discapacitados que buscaron justicia tras ser impedidos de trabajar libremente en el borde costero durante la temporada estival recién pasada en la zona de Ventanas.
Las víctimas de esta arbitraria decisión vivieron momentos de absoluta angustia al ser multadas y sancionadas sin piedad, sabiendo que la Constitución Política de la República las protegía claramente desde un inicio. La señora Damares Quijada Flores, madre de una hija adulta postrada, lloró de impotencia por no poder sustentar las necesidades básicas de su familia mientras trabajaba escondida con miedo constante a los inspectores municipales.
Peña aseguró que el alcalde hizo caso omiso de las solicitudes realizadas el diez de diciembre para entregar los permisos correspondientes a estas personas en situación de discapacidad vulnerable. Acusó directamente al edil de tergiversar la realidad y de poseer un ego desmedido que le impidió escuchar las advertencias sobre el complejo tema social que se avecinaba para el verano turístico.
Un fallo judicial que marca un precedente obligatorio ordenó ahora al municipio cumplir con la ley y respetar los derechos fundamentales garantizados en los numerales de la Constitución Política. La justicia falló a favor de los comerciantes discapacitados tras comprobar que se vulneraron sus garantías básicas, obligando a la autoridad comunal a rectificar su proceder hostil inmediatamente contra los vecinos afectados.
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El concejal exigió disculpas públicas y acciones reparatorias para las víctimas, mientras criticaba ferozmente la planificación estratégica del verano que calificó como un desastre total para la comuna entera y sus habitantes. Denunció que mientras se gastaban millones en fiestas, las aguas servidas escurrían por las calles y los vecinos no podían abrir sus ventanas por la contaminación ambiental persistente en el sector.
Finalmente, Peña advirtió que no aceptaba mordazas ni intentos de silenciar a la oposición en una democracia que debía respetar la voz de las comunidades afectadas por la gestión edilicia. Instó a bajar el ego y trabajar en equipo para evitar que siguieran ocurriendo actos ilegales que mancharan el nombre de la municipalidad y dañaran a los más pobres de la zona.
