La Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) denunció que la Municipalidad de Puchuncaví, liderada por Marco Morales, no presentó la rendición de cuentas por $209 millones correspondientes al proyecto «Reutilización de Aguas Tratadas de Horcón», pese a que el 100% de los recursos ya fueron transferidos y el plazo contractual venció el 3 octubre de 2025. El oficio, emitido el 27 de enero de 2026 como respuesta a un requerimiento de la diputada María Francisca Bello, reveló que pese a «reiteradas solicitudes formales» del organismo central, el municipio se mantiene en silencio administrativo sobre el destino de los fondos públicos.
El documento expuso que mientras tres proyectos complementarios de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) fueron cerrados sin observaciones, el cuarto —el de mayor envergadura— permanece en un limbo financiero que SUBDERE calificó como irregular. La subsecretaria Francisca Perales Flores advirtió que actualmente se mantienen «gestiones de requerimiento de antecedentes» para regularizar la situación, sin descartar acciones administrativas conforme a la normativa vigente contra la administración local.
Paralelamente, una mesa intersectorial integrada por el MOP, la SEREMI de Salud y SUBDERE detectó graves problemas de funcionamiento en la PTAS de Horcón, cuya operación y mantenimiento son responsabilidad exclusiva del municipio. Ante el colapso del sistema sanitario, las autoridades exigen como condición para nuevos financiamientos una investigación sumaria que determine responsabilidades, un plan de obras correctivas visado por Salud y la externalización obligatoria de la operación —medidas que evidencian la pérdida de confianza estatal en la gestión municipal.
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El caso devela un patrón de negligencia administrativa en una zona históricamente castigada por la contaminación industrial, donde las fallas en el tratamiento de aguas servidas agravan la crisis ambiental que afecta a las comunidades de Puchuncaví. Mientras familias enfrentan riesgos sanitarios diarios, los recursos destinados a solucionar la emergencia permanecen sin fiscalización, generando interrogantes sobre la priorización de la salud pública por parte de la administración de Morales frente a las demandas de una ciudadanía exhausta de promesas incumplidas.
