La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) desembolsó cerca de seis millones de dólares en bonos sin metas para 653 trabajadores durante este año, en el marco de una reestructuración corporativa que además contempló el pago de millonarias indemnizaciones a dieciséis funcionarios de la Refinería Aconcagua, quienes fueron desvinculados recientemente tras confirmarse la grave adulteración de datos ambientales.
Según reveló BBCL Investiga, los incentivos oscilaron entre los 2,5 y 5 millones de pesos bajo la excusa de un supuesto cambio de funciones, sin exigir ningún tipo de meta de cumplimiento. Esta millonaria transacción generó un profundo malestar, ya que se sumó a los controversiales finiquitos pagados a los ex ejecutivos responsables del fraude ambiental en la misma planta, evidenciando una preocupante falta de austeridad.
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La clase política reaccionó con dureza ante estas revelaciones. El diputado Hotuiti Teao condenó el uso de fondos públicos mientras la estatal arrastraba déficits históricos y el Gobierno exigía ajustes a los servicios públicos. Por su parte, Javier Olivares tildó la situación de impresentable, exigiendo transparencia absoluta sobre las supuestas nuevas funciones que justificaron estos desembolsos, mientras a los ciudadanos se les exigía un estricto ajuste económico.
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Frente a este escenario, el abogado Remberto Valdés, quien representa a las querellas contra los ex directivos implicados en el fraude, solicitó investigar si existe un correlato directo entre estos pagos y las irregularidades. Mientras tanto, ENAP se limitó a argumentar que la reorganización obligó a modificar contratos y justificar los incentivos, omitiendo explicar por qué dichos cambios no implicaron una mayor carga laboral.
