El 01 de febrero de 2022 la asistente social K. P. S., que prestaba servicios como trabajadora social en atención primaria de salud en el centro de Salud Familiar de Ventana y en centro de Salud Familiar Puchuncaví, se autodespidió por incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. audiencia laboral
K. P. S., por intermedio de su abogado señalo en tribunal Laboral de Quintero, que el Municipio dirigido por Marco Morales, no le pagaba las cotizaciones de seguridad social, no había escrituración de contrato de trabajo y no le otorgaba los correspondientes feriados legales.
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Tribunal Laboral fijo audiencia preparatoria para el día 17 de mayo de 2022 a las 09:15 horas, audiencia a la cual asistieron los demandantes, sin embargo no asistió ninguno de los 6 abogados con que cuenta el municipio, mejor dicho, nadie se conectó a la plataforma Zoom, por lo que la municipalidad liderada por Marco Morales fue declarada en rebeldía.
El tribunal estimo que “es procedente aplicar la consecuencia contemplada en el artículo 453 N°1, inciso 7° del Código del Trabajo, considerando que el silencio de un órgano como el municipio demandado, debidamente notificado en dependencias municipales y que cuenta con medios orgánicos para defenderse en juicio, es experiencialmente interpretable como voluntario y conocedor de las consecuencias de su rebeldía, por lo que las consecuencia son aceptadas por municipio dirigido por Marco Morales; razón por la que se declaran tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda”.
El magistrado Fontecilla sentencio que existía relación laboral, que fue completamente legal y justificado el procedimiento de despido indirecto por lo condeno a pagar $21.653.696, pero como el municipio al día de hoy aun no cancela ya se han aplicados los reajustes e interese legales que el mismo tribunal señala que al día de hoy municipio debe $25.629.694.
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De igual manera el municipio liderado por Marco Morales debe pagar las cotizaciones de seguridad social adeudadas, por todo el periodo en que duró la relación de trabajo señalo la magistratura laboral de Quintero y dejo constancia que la demandante se encuentra afiliada a AFP Provida, a Fonasa y a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., AFC Chile, por estos conceptos se deben más de 15 millones aparte de multas e intereses que se cobraran.
