Por fallo unánime, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción revocó este viernes 06 de mayo los planteamientos de la defensa de los ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), en orden a querer declarar incompetente al Juzgado de Garantía de Talcahuano y excluir al Consejo de Defensa del Estado y a las víctimas de Quintero y Puchuncaví como querellantes en el juicio.
De esta manera, se confirman las resoluciones dictadas en la primera audiencia preparatoria de juicio oral por delito ambiental en la historia de Chile, realizada el pasado lunes 11 de abril y que debió ser suspendida, debido a que la defensa anunció sorpresivamente 960 documentos, 160 testigos y 18 informes periciales, que deben ser examinados por el Ministerio Público y los querellantes.
Con esta resolución, el proceso sigue su curso y la audiencia preparatoria continuará este lunes 16 de mayo a las 09:00, oportunidad en la que se llevará a cabo la argumentación y examen de pruebas del denominado “Caso Crudo Iraní”, en el marco de los episodios de contaminación masivos ocurridos en las bahías de Talcahuano y Quintero en agosto de 2018.
Remberto Valdés, abogado querellante que representa a 1.434 víctimas de intoxicación, valoró la unanimidad de la resolución, indicando que “a la fecha ENAP no ha obtenido ningún resultado siendo rechazadas todas sus solicitudes, lo que confirma la derrota de su postura”, agregando que “la ruta sigue despejada para que el juicio oral se lleve a cabo a la brevedad posible”.
“No cabe duda de que los seis ejecutivos de ENAP serán condenados por este delito ambiental y se obtengan altas condenas, proporcionando así justicia para las miles de personas vulneradas”, puntualizó.
Anteriormente, la Fiscalía Regional del Biobío solicitó penas de 5 años de cárcel para Edmundo Piraino, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana, así como penas de 4 años de cárcel para Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá y Jorge Farías, todos ejecutivos de ENAP. Tras su investigación, se concluyó que los acusados realizaron labores de gestión y manejo de crudo iraní y su secuestrante con infracciones a los estándares reglamentarios, permitiendo la emisión de sustancias químicas altamente peligrosas para la salud e intoxicando a miles de personas.
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Cabe recordar que las víctimas representadas por Remberto Valdés Abogados interpusieron una demanda civil por $28.640 millones de pesos (casi US$35 millones de dólares), e incluso marcharon hasta La Moneda para entregar una carta solicitando la intervención del Presidente Gabriel Boric. Corte de Apelaciones de Concepción
