El pasado 27 de agosto de 2025, la Contraloría Regional de Valparaíso decidió agrupar la investigación sumaria contra el alcalde de Puchuncaví, tras denuncias de que habría conducido un automóvil municipal en un accidente ocurrido el 21 de junio en Quintero. Los protagonistas de la denuncia son los concejales Rosa Berríos, Andrea Lodi, Benjamín Angulo y Agustín Valencia, junto al diputado Jorge Brito. El caso es importante porque involucra el uso indebido de bienes fiscales y activa la potestad sancionadora exclusiva de la Contraloría.
Los cuatro concejales municipales, junto al legislador, elevaron la denuncia formal ante la Contraloría, alegando que el jefe comunal habría incurrido en una infracción grave al utilizar un vehículo oficial fuera de servicio y en horario no laboral, lo que derivó en un siniestro vial. Su acción colectiva pone en evidencia la fiscalización ciudadana y el control político desde el Concejo Municipal, demostrando que los ediles no toleran presuntas irregularidades en la gestión del alcalde.
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La Contraloría Regional, en su resolución, fundamentó su decisión en el decreto ley N° 799 de 1974, que le otorga competencia exclusiva para investigar y sancionar el uso indebido de vehículos estatales. Además, determinó acumular a su investigación el procedimiento disciplinario ya iniciado contra el alcalde Marco Morales Ureta alcalde de Puchuncaví mediante la resolución exenta E 1.340/2025, centralizando así las pesquisas y evitando duplicidad de procesos.
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Este caso adquiere relevancia institucional porque pone a prueba la transparencia y rendición de cuentas en el nivel municipal. La participación activa de los concejales Berríos, Lodi, Angulo y Valencia no solo evidencia su rol de contrapeso, sino que también refuerza la confianza pública en los mecanismos de control interno y externo. El desenlace de la investigación podría tener consecuencias administrativas y políticas significativas para el alcalde y su administración.
