Una denuncia ante la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Puchuncaví contrató como médico a una profesional extranjera que no ha revalidado su título en Chile ni aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), requisitos legales indispensables para ejercer en el sistema de salud público. El caso, detectado en 2025, involucra a Lorengris Prieto De Llorens, quien habría trabajado tanto en el gabinete psicotécnico municipal —encargado de evaluar a postulantes a licencias de conducir— como en establecimientos de salud primaria. La Contraloría Regional de Valparaíso intervino tras la denuncia y exigió explicaciones a la municipalidad, destacando que la situación podría afectar la validez legal de cientos de licencias de conducir otorgadas durante su desempeño.
La Contraloría señaló que, según el decreto N° 97 de 1984, los gabinetes técnicos municipales deben contar con médicos cirujanos titulados en universidades reconocidas por el Estado o con títulos debidamente revalidados ante la Universidad de Chile. Además, la ley N° 20.261 exige la aprobación del EUNACOM para ejercer en establecimientos de salud pública, salvo excepciones debidamente justificadas. Sin embargo, la municipalidad admitió haber contratado a la profesional argumentando “la fuerte demanda de horas para renovar licencias de conducir”, sin acreditar que cumpliera con los requisitos legales. Este argumento no fue considerado suficiente por la Contraloría, que cuestionó la legalidad de la contratación.
Con el informe de la Contraloría advierte que, al no cumplir con los requisitos formales, los exámenes médicos realizados por la profesional podrían carecer de respaldo legal. Esto pone en jaque la constitucionalidad y validez de las licencias de conducir emitidas durante el periodo en que ella estuvo a cargo de las evaluaciones médicas. En Chile, la entrega de licencias de conducir es un acto administrativo que requiere estricto apego a la ley, y cualquier vicio en el procedimiento —como la intervención de un profesional no habilitado— podría generar nulidades de derecho, con consecuencias jurídicas para los conductores y para la propia municipalidad.
La situación también genera preocupación en el ámbito de la salud pública, ya que la profesional habría prestado servicios en el Departamento de Salud Municipal bajo un contrato de honorarios al menos hasta julio de 2025, según información publicada en la web del municipio. La Contraloría exigió que se aclaren los fundamentos legales de dicha contratación y se remita toda la documentación respaldatoria. Hasta ahora, no se ha informado si se han tomado medidas disciplinarias o administrativas contra los responsables de la contratación irregular.
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Este caso pone en evidencia fallas en los controles internos de las municipalidades y plantea un precedente crítico sobre la responsabilidad institucional en la verificación de antecedentes profesionales. La Contraloría dio un plazo de 15 días hábiles para que la Municipalidad de Puchuncaví informe las medidas adoptadas. Mientras tanto, cientos de conductores que obtuvieron sus licencias en ese periodo podrían verse afectados si se declara la nulidad de los exámenes médicos realizados por una persona no legalmente autorizada para ejercer la medicina en Chile.
