El pasado jueves 4 de septiembre, las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente publicaron en el Diario Oficial la actualización del listado de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad en la Macrozona Centro, dejando fuera a los Acantilados de Quirilluca, en Puchuncaví. La decisión, adoptada sin consulta previa a la comunidad, generó inmediata alarma entre vecinos y ambientalistas locales, quienes temen que la medida allane el camino para un megaproyecto inmobiliario. Los protagonistas del conflicto son los habitantes de la zona, el seremi regional de Medio Ambiente, Álex Galleguillos, y los desarrolladores del plan habitacional. El caso es importante porque pone en tensión la conservación de ecosistemas frágiles frente al avance de la urbanización en zonas costeras estratégicas.
La exclusión de este sitio, protegido desde 2007, fue interpretada por la comunidad como una señal de flexibilización ambiental que favorecería a los intereses inmobiliarios. Dirigentes locales denunciaron que la medida contradice estudios técnicos que reconocen la riqueza biológica del lugar, hogar de especies endémicas y ecosistemas costeros vulnerables. A pesar de contar con una Resolución de Calificación Ambiental, el proyecto de más de 14 mil viviendas sigue judicializado por un recurso de reclamación interpuesto por los vecinos. La tensión crece ante la percepción de que el Estado retrocede en su compromiso de protección ambiental.
En respuesta a las críticas, el seremi Álex Galleguillos aclaró que la exclusión del listado no implica pérdida de protección legal, ya que la zona mantiene su carácter de “urgente conservación”. Según el funcionario, la actualización responde a un proceso técnico y transitorio, enmarcado en una nueva metodología nacional que aún está en consulta pública. Galleguillos insistió en que los sitios no incluidos en la lista preliminar no pierden estatus de protección y podrían ser reincorporados tras el proceso participativo. Sin embargo, la comunidad exige garantías concretas y teme que la ambigüedad normativa abra la puerta a futuros permisos de construcción.
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Mientras avanza la consulta pública sobre el nuevo listado definitivo, la incertidumbre se mantiene latente en Puchuncaví. Ambientalistas y académicos advierten que la exclusión de los acantilados debilita los mecanismos de defensa frente a presiones urbanísticas, pese a los compromisos del Estado con la Ley para la Naturaleza. La comunidad local, organizada y movilizada, exige transparencia, participación real y respeto por los estudios científicos que avalan el valor ecológico del sitio. El caso se perfila como un precedente clave para evaluar cómo Chile equilibra desarrollo urbano y conservación en sus zonas costeras más sensibles.
