El Concejo Municipal de Quintero aprobó el dos de marzo la contratación de un servicio de locomoción estudiantil, mientras el alcalde de Puchuncaví declaró que no contaba con facultades legales para resolver el mismo problema. Ambas autoridades abordaron la crisis de conectividad rural con criterios opuestos y expusieron prioridades institucionales distintas frente a las familias que requerían soluciones urgentes para la movilidad escolar.
La iniciativa fue impulsada directamente por el alcalde Rolando Silva Fuentes, quien propuso la licitación para garantizar que los estudiantes de Valle Alegre, Loncura, rurales y el Programa 4 a 7 alcanzaran sus establecimientos sin obstáculos. El acuerdo contempló tres buses de gran capacidad y un minibus adicional, los cuales operaron bajo un presupuesto anual de ciento treinta millones de pesos exento de IVA. Esta gestión concreta demostró una voluntad política enfocada en eliminar barreras geográficas y priorizar el bienestar educativo de los menores.
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En marcado contraste, la administración de Puchuncaví optó por señalar al Servicio Local de Educación Pública como el único responsable de la debacle en la conectividad escolar. El alcalde Marcos Morales Ureta sostuvo que la transferencia de competencias y recursos económicos al organismo estatal limitó su capacidad de acción, pese a las advertencias previas de la comunidad local. Sus declaraciones trasladaron la responsabilidad operativa a una entidad externa, mientras las familias de Puchuncaví continúan enfrentando la incertidumbre diaria.
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La divergencia entre ambas comunas evidenció cómo la gestión municipal marcó una diferencia decisiva en la calidad de vida de los habitantes. Mientras Quintero materializó soluciones contractuales y asignó presupuestos específicos para el traslado de alumnos, Puchuncaví mantuvo una postura defensiva que postergó la resolución inmediata del conflicto. Este escenario refleja la importancia de una autoridad local que asumiera la ejecución práctica de las políticas públicas, en lugar de limitarse a exigir respuestas a terceros organismos.
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