En el hospital de Quintero Adriana Cousiño la situación no mejoró. Pese a los esfuerzos y restricciones a las industrias, al recinto comenzaron a llegar personas afectadas.
“Sinceramente no sabemos qué hacer. De verdad”, admitió una de ellas. Mientras tanto, una estudiante llegó sintiendo “muchas náuseas. Las piernas me duelen. Y a otros estudiantes también les pasó”, recalcó.
Frente a dicha situación, la autoridad sanitaria informó de 86 consultas de pacientes con síntomas de intoxicación, aunque destacó que no hubo casos de personas con síntomas neurológicos, como sí ocurrió en ocasiones anteriores a raíz de la emergencia ambiental, que se ha prolongado -con intermitencia- desde el 23 de agosto en adelante.
El intendente regional, Jorge Martínez, aseguró que se están tomando las medidas recomendadas por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). “Pero por más que tomemos medidas, estas nunca se van a ver de un día para otro solucionadas, pero estamos seguros que con estas y con otras medidas, vamos a encontrar las soluciones. Y necesitamos el apoyo y compromiso de todos para lograrlas”, remarcó.
MMA y ejecutivos bajo la lupa
Según consigna radio Bio Bio, en otra arista de la emergencia se conoció también que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y el superintendente del ramo, Cristián Franz, tendrán que declarar ante la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI.
De paso, también serán requeridos altos ejecutivos de AES Gener y Puerto Ventanas por varamientos de carbón registrados en la bahía de Quintero y Ventanas.
Todo ello, a raíz de las querellas interpuestas en representación de pescadores y buzos afectados, que también serán citados a declarar junto a funcionarios de la Armada.
La denuncia más reciente es un episodio de contaminación ocurrido el pasado 19 de septiembre. César Barra, el abogado representante de quienes vieron afectada su única fuente laboral, persigue indemnizaciones por pérdida de chance y daño moral, por lo que destacó la rapidez de la fiscalía local para ordenar las diligencias.
Sumado a lo anterior, se espera que la PDI consiga una copia de la investigación sumaria realizada por la Gobernación Marítima de Quintero, donde -en junio pasado- se estableció la sanción de 350 millones de pesos a la empresa AES Gener por derrame de carbón en la bahía.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, sumó a la fiscal adjunta de Talcahuano, Ana María Aldana, al equipo del fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, que sustancia la investigación de los delitos de contaminación ambiental en la zona. Aunque el excanciller Heraldo Muñoz; el diputado Rodrigo González; y el concejal de Quintero, Luis Gatica, se reunieron con él para pedirle la designación de un fiscal exclusivo para la causa.
Y si bien el martes ya fue acogida a trámite una querella interpuesta en favor de 92 víctimas de la contaminación, otro abogado -del Estudio Remberto Valdés- interpondrá una segunda acción criminal ante el Tribunal de Garantía de Quintero, que reunirá a otras 154 personas afectas.
