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Ministra de Medio Ambiente y empresa Oxiquim: «Si existe conflicto de interés, solicitamos que la ministra dé un paso al costado»

Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso llegaron los diputados del distrito 6, Diego Ibáñez (MA) y Daniel Verdessi (DC), a solicitar que el organismo se pronuncie sobre el eventual conflicto de interés por el vínculo que existiría entre el director de la empresa Oxiquim y Gonzalo Medina, cónyuge de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Lo anterior, a propósito de que fue la propia ministra quien apuntó a Enap como la causante de la emergencia por contaminación en las comunas de Quintero y Puchuncaví, sin tener todos los antecedentes a la mano y sin mencionar a las otras 18 empresas privadas que funcionan en la zona.

El diputado Ibáñez,  explicó que «existe una relación de asociatividad entre Fernando Barros y Gonzalo Molina durante más de 17 años, y Barros es el actual director de la empresa Oxiquim, que hoy está siendo cuestionada por la manipulación y emisión de cloroformo».

«Existen por parte de la comunidad de Quintero y Puchuncaví, dudas razonables y legítimas respecto de si existe o no un conflicto de interés de la ministra en función de encubrir a las empresas privadas. Nosotros, junto al diputado Verdessi, colocamos disposición de Contraloría los antecedentes y que ésta se manifieste si se está encubriendo a las empresas privadas y culpando a Enap anticipadamente, mediante informes que no están del todo claros» indicó.

«Aquí existe un parque industrial sobredimensionado, existen empresas privadas como Gasmar, AES Gener, las termoeléctricas, Oxiquim, y culpar a una empresa estatal, mediante un informe que arroja como responsables solamente a dos bateas de hidrocarburos, creo que es tapar el sol con un dedo. Aquí las responsabilidades tiene que ver, como señala la Onemi al decretar alerta amarilla, por la existencia de nitrobenceno, de tolueno, de metilcloroformo, que no sabemos bien de dónde viene, pero sabemos que existe».

Los parlamentarios apuntan a la existencia de metilcloroformo en el ambiente y afirman que un informe,  hecho por un organismo acreditado por la Superintendencia de Medio Ambiente y encargado precisamente por Enap, arroja que ellos no manipulan ni expelen este tipo de componentes.

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana Daniel Verdessi destacó que «nosotros en terreno hemos comprobados la gravedad de los síntomas en las personas, no son neurosis ni histeria, son contaminaciones verdaderas, son intoxicaciones graves. Hemos visitado a los pacientes y hemos podido corroborar que se pueden relacionar con el metilcloroformo. La única empresa que ha manejado metilcloroformo de acuerdo a la hoja de seguridad es Oxiquim, y eso es algo claro y categórico. Cuando hemos visto enfermos en unidades de emergencia, sus síntomas corresponden a ese tipo de intoxicación, otros elementos no son capaces de producir la enorme sintomatología».

Al ser consultado sobre las consecuencias de la exposición a este elemento, Verdessi, médico con más de 30 años de trayectoria en el servicio público, señaló que «es muy peligrosa, porque además del daño ambiental que produce en la capa de ozono, genera graves síntomas en las personas y a nuestro juicio, el análisis de las empresas debe ser riguroso porque hay tres mediciones diferentes que han  determinado su presencia. Deben ser estudiadas todas las empresas, incluida Enap, pero todos los elementos que tenemos, la sintomatología de los pacientes y la gravedad de sus síntomas, nos hacen pensar que es intoxicación por metilcloroformo, cuya única empresa que tenía disponible era Oxiquim».

Finalmente, el diputado Ibáñez fue categórico a la hora de emplazar a la autoridad ambiental, afirmando que «esperamos que Contraloría se manifieste jurídicamente y que se hagan efectivas las responsabilidades. Si es que existe un conflicto de interés, nosotros solicitamos con mucho respeto a la ministra de medio ambiente que dé un paso al costado  y que el presidente Sebastián Piñera pase a dictar normas de emisión de calidad primaria y secundaria que estén a la altura de los estándares de la Organización Mundial de la Salud, porque hoy es la norma la que permite que los empresarios contaminen, que atenten contra la salud en función del beneficio y bolsillo propio»

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