Ayer lunes 11 de febrero, en Sucre Bolivia se inauguró el periodo 171 de la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” CIDH, entidad perteneciente al sistema interamericano de protección de derechos humanos, comisión que entre los días 13 y 15 de febrero, recibirá en audiencia pública representantes de países de Latinoamérica quienes informaran de la situación de derechos humanos vulnerados en sus respectivos países.
El día 13 la comisión recibirá a la delegación proveniente de Chile, quienes informaran de la situación de violación de derechos humanos que ocurre en las llamadas zonas de Sacrifico como son Tocopilla, Mejillones, Antofagasta Huasco, Coronel, Quintero y Puchuncaví, zonas que concentran una alto número de empresas peligrosas, contaminantes e insalubres como es el caso de termoeléctricas a carbón, juntos a fundiciones de cobre y de hierro, terminales de gas, petróleo, químicos, explosivos, puntos de embarques de concentrados de cobre y otros minerales los cuales han sido emplazados a corta distancia de zonas urbanas y habitacionales.
La delegación chilena que viajo a Bolivia, está integrada por representantes de: la Agrupación “Mujeres Zonas de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví”, del “Colegio Médico de Chile” y de la ONG “Defensoría Ambiental”.
El objetivo de la audiencia es informar de la situación ambiental que sufren las zonas de sacrificio del país y de cómo el Estado de Chile no adoptado medidas concretas y efectivas con el fin de mejorar los estándares ambientales a que han sido sometidos sus comunidades y ecosistemas, debido a mega actividades industriales, solicitando la homologación de las actuales normas ambientales nacionales a estándares recomendado por la Organización Mundial de la Salud, así como la dictación de nuevas normas para proteger el suelo, el agua, y el aire que incluyan concentraciones máximas respirables, para arsénico, compuestos orgánicos volátiles entre otros.
Cabe recordar que durante el año 2018 en Quintero y Puchuncaví cerca de 2000 personas compuestas principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron intoxicadas por emanaciones de origen industrial, sin que a la fecha las autoridades informen a la comunidad el o los tipos de contaminantes emitidos a la atmosfera ni tampoco las empresas responsables de dicha contaminación, situación que no hace más que confirmar la condición de abandono y la decidía con que el Estado de Chile trata a las comunidades que habitan estas Zonas de Sacrificio.
