Através de e-mails, mapas y testimonios, la Fiscalía Regional presentó sus argumentos en la audiencia de formalización para acusar a ejecutivos de Enap de realizar un procedimiento inadecuado en el manejo de crudo iraní, que provocó contaminación en las bahías de Concepción y Quintero.
La presentación, liderada por la fiscal regional Marcela Cartagena y por la fiscal Ana María Aldana dio cuenta de dos hechos.
En primer lugar, el venteo indebido de ácido sulfhídrico en la Bahía de Concepción el 3 y 4 de agosto, en el proceso de alije de crudo «Iranian Heavy» entre los buques Monte Toledo y Cabo Victoria.
Por aquello se imputó a los ejecutivos de Enap, Álvaro Hillerns, Patricia Cabalá y Jorge Farías, además del capitán encargado del alije, Joseph Darlington, quien no se presentó (excusado) a la audiencia.
Fiscalía
La fiscal Cartagena señaló que, a través de correo electrónico desde Operaciones de la casa matriz, el 12 de julio de 2018 ya existían funcionarios en conocimiento del transporte de crudo iraní hacia Enap Refinerías Biobío, con una concentración de 1000 partes por millón (ppm), superior a lo que indica el reglamento interno de Enap sobre descargas, que son 100 ppm.
Agregó que el 27 de julio de 2018, Enap fue informada de una toma de muestra de una empresa externa a los estanques de Monte Toledo
Que arrojó un valor de 9000 ppm; pero que a pesar de ello, la empresa decide continuar con el plan de descarga.
Tras ello, la fiscal regional aseguró que desde la estatal se entregó información falsa a la Armada
Con el fin de obtener la autorización necesaria para realizar el alije, obteniendo el permiso «por la vía del engaño».
El 2 de agosto, según el relato de la persecutora, ejecutivos de Enap expusieron un Análisis Sistemático de Riesgos (ASR) con simulaciones de la pluma de viento que eventualmente se generarían en el caso de una eventual salida de gases desde el buque.
Sin embargo, la fiscal dijo que «las simulaciones no guardaban relación con el ejercicio que Enap iba a llevar a cabo»
Ya que éstas se realizaron en la Bahía de San Vicente y no en la Bahía de Concepción
Además de que dos de ellas fueron hechas para una concentración de 2000 ppm y no para 9000 ppm.
El segundo hecho guarda relación con lo ocurrido entre el 17 y el 25 de agosto de 2018 en Quintero, en donde el ácido sulfhídrico depositado en el terminal de Enap Quintero
Provocó contaminación de acuerdo con Fiscalía, generando varios episodios de contaminación
Que terminaron, en dicho perído con 301 intoxicados de diversa consideración.
En ese término, los imputados fueron los ejecutivos de Enap Edmundo Piraíno, Juan Pablo Rhodes y Carlos Lizana.
Interrupción
A eso de las 9.40 horas, mientras la fiscal Cartagena daba a conocer los cargos, empezó a toser constantemente, por lo cual se pidió receso.
El defensor regional del Biobío, Osvaldo Pizarro, explicó que «en los calabozos del primer piso que se encuentran en el tribunal, hubo una situación entre dos personas detenidas.
Gendarmería tomó medidas de resguardo para evitar que incurrieran en una agresión. Se utilizaron gases lacrimógenos portátiles y gas pimienta.
Se tomaron las medidas para que el tribunal adelantara el control de detención».
Querellantes y defensa
Remberto Valdés, abogado que representa a 1.200 familias de Quintero y Puchuncaví, dijo que «después de un año, hoy se está señalando la verdad a la opinión pública. Ha habido, por parte de algunos ejecutivos de Enap, un desprecio por la vida y salud de las personas, la presentación de antecedentes falsos frente a la Autoridad Marítima, la falsificación y omisión de antecedentes con el fin de ahorrarse dinero».
El abogado agregó que «hubo dolo de los ejecutivos y producto de ello se produjo la contaminación en las bahías de Concepción y Quintero. Queremos que Enap indemnice a las víctimas que representamos y trabajaremos en el juicio oral para conseguir la pena máxima para este delito, que son 5 años y que cumplan presidio efectivo», agregó.
Junto al equipo de abogados de Valdés, vecinos de Quintero y Puchuncaví asistieron a la audiencia. Matilde Novoa dijo que «llegamos temprano a Talcahuano.
Quintero y Puchuncaví están afectadas, su comercio, turismo y la salud de las personas. Queremos que acojan nuestras demandas».
Cristián Muga, abogado defensor de los ejecutivos, señaló que «la petición de medidas cautelares es excesiva y no guardan relación con los hechos mencionados.
Ellos están tranquilos y han colaborado con la investigación desde el inicio».
Consultado sobre la entrega de información falsa a la Armada señalada por Fiscalía, Muga respondió que «descarto absolutamente eso.
No es correcto y tendremos la oportunidad mañana (hoy) de demostrar el por qué esa versión del Ministerio Público está alejada de la realidad».
El abogado añadió que «no existe ningún crudo que no tenga ácido sulfhídrico. El punto es cómo se maneja.
Y mañana (hoy) demostraremos que las seis personas imputadas manejaron el crudo adecuadamente».
Enap
A través de un comunicado de prensa desde Enap señalaron que mantiene su convicción en la correcta actuación de sus trabajadores en los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía y tenemos plena confianza que así se acreditará en la investigación.
Esta etapa de investigación entrega la oportunidad de poner a disposición de la Fiscalía antecedentes técnicos que permiten explicar de mejor manera los eventos de contaminación de agosto 2018.
