Con gran expectación comenzó a las 9 de la mañana del viernes pasado en el Juzgado de Garantía de La Ligua, la formalización de ocho funcionarios y un ex funcionario de la Municipalidad de Papudo por los delitos de Fraude al Fisco y negociación incompatible, quienes quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, por los 6 meses que se fijaron para la investigación.
Los funcionarios municipales en su mayoría directivos que fueron imputados por la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, tras la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado y en paralelo al juicio de cuentas que se está realizando en su contra. Según explicó el fiscal adjunto, Claudio Rebeco Muñoz, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, lo que se quiere establecer como delito es el dolo tras la decisión a mejorar remuneraciones de determinados funcionarios municipales por la vía de contratos de honorarios fraudulentos.
“El Ministerio Público ha imputado responsabilidad penal por el delito de fraude de obtención remuneraciones. Lo que se ha detectado en el curso de investigación es una dinámica destinada a liberar fondos a través de contratos de honorarios que se respaldaban en informes que no se ajustan en su requerimientos mas mínimos a un informe idóneo”, precisó.
Cabe recordar, que la denuncia por parte de un docente de la comuna, David Vargas quien reveló “cumplo un deber ciudadano al denunciar cosas que son evidentes y que la justicia tendrá que determinar si son o no delito. Acá hay tres procesos paralelos el juicio de cuenta, el sumario interno (no sé si está terminado) y ahora el proceso judicial” a Contraloría sobre el posible pago de sobresueldos a varios funcionarios municipales, gatilló la investigación donde quedó en evidencia el pago de honorarios a funcionarios de planta, en servicios que eran respaldados con informes emitidos con datos copiados desde páginas web, como Wikipedia o Senama, los cuales habrían sido reproducidos en gran parte, en forma textual y sin autorización de sus autores o sin hacer referencia a los mismos. Esto se habría producido entre los años 2011 y 2014, con un monto defraudado que supera los 94 millones de pesos.
