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El efecto búmeran de la Contraloría para Chile Vamos

Cuando el año 2015 se cayó en el Senado el nombre del abogado Enrique Rajevic, propuesto por Bachelet a Contraloría, en Chile Vamos hubo alivio –y unanimidad– para instalar a la cabeza del órgano autónomo a Jorge Bermúdez, quien en su currículo tenía el haber sido asesor de Andrés Allamand en el Ministerio de Defensa. Pero sus resoluciones el último tiempo han demostrado que opera con todo el rigor de la ley, por lo que en el oficialismo ya no lo miran con tanto entusiasmo como antes.

A la derecha no le gusta Jorge Bermúdez, el mismo contralor general que los parlamentarios de Chile Vamos apoyaron de forma unánime para que fuera ratificado en el Senado en diciembre de 2015. “¡Señal de los tiempos mejores! Hace 10 días el contralor decía que se demoraba 6 meses en resolver una consulta. Con alegría vemos cómo mejora el servicio, con esta veloz resolución acompañada de llamativa gráfica. Ojalá la agilidad haya llegado para quedarse”, fue el mensaje –en redes– cargado de ironía del diputado y presidente de RN, Mario Desbordes.

Un reclamo que surgió en respuesta al dictamen que la semana pasada emitió la Contraloría General de la República sobre el polémico decreto del Ministerio de Salud para modificar el protocolo sobre objeción de conciencia en el marco de la Ley de Aborto en Tres Causales. El organismo autónomo determinó que dicho decreto “no se ajusta a derecho”, lo que ha obligado al Ejecutivo a buscar una nueva ruta legal.

La ironía de Desbordes también apuntó a otro de los pronunciamientos de Bermúdez, en relación con que podía tardar 6 meses en resolver la legalidad del nombramiento como embajador en Argentina de Pablo Piñera, dada su condición de hermano del Presidente Sebastián Piñera. Al final, la Contraloría solo se demoró un par de semanas después que el Mandatario resolviera dejar sin efecto esa decisión e informó, vía comunicado, que se abstenía, dado que el Mandatario había anulado la designación.

Desde el mismo partido de Desbordes vino una crítica más destemplada aún, la del diputado Gonzalo Fuenzalida, quien escribió en su cuenta de Twitter que “Bermúdez fue designado contralor, pero se cree Dios, Amo, Señor y Presidente de la República”.

Otra cosa que molestó en la derecha fue la gráfica que estrenó el órgano contralor para informar en redes sociales sobre sus dictámenes, que se aplicó –entre otros aspectos– para explicar en un lenguaje simple los fundamentos de su resolución respecto al protocolo sobre objeción de conciencia. El organismo ha utilizado un personaje al que denominó “Contralorito” y que ha sido el foco de las críticas desde el oficialismo: “Me llama mucho la atención la forma casi de meme, en términos muy livianos, para la profundidad que tiene un tema que ha sido discutido jurídicamente bastante en Chile en los últimos años”, afirmó el diputado Javier Macaya (UDI).

En una línea similar, la presidenta del gremialismo, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, criticó la decisión del órgano autónomo desde el punto de vista legal. “La interpretación que está haciendo la Contraloría no es adecuada, llama la atención que haya hecho un fallo tan restrictivo que de alguna manera no respeta lo que era el espíritu de la ley”, sentenció.

Desde la vereda de la oposición, un senador de la Comisión de Constitución aseguró que “la derecha se ha llevado una gran sorpresa, Bermúdez fue inflexible en el Gobierno de Bachelet, por ejemplo, cuando cuestionó los contratos de la Presidencia por vía directa y la doble función del doctor Puccio o las jubilaciones en Gendarmería. Ellos esperaban que el criterio fuese más laxo con el actual Gobierno y, por el bien del país, hasta ahora no ha sido así”, dijo el parlamentario, sacando a colación dos episodios particulares.

Con más cautela, desde La Moneda también reconocieron que el dictamen no les cayó nada bien. “Como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen”, leyó la semana pasada la vocera, Cecilia Pérez, el comunicado que fue previamente acordado con los ministros de la Segpres, Gonzalo Blumel, y del Interior, Andrés Chadwick.

Precisamente, el ministro Chadwick es el único que ha hecho un gesto público de agradecimiento al contralor, cuando esclareció que no había nepotismo en el nombramiento de su hijo Andrés Chadwick Costa, sino que el problema radicaba en que una persona contratada a honorarios no podía tomar decisiones como directivo y tal era el caso del hasta entonces jefe de producción en la Presidencia.

El rigor con Bachelet

Pero para el resto del oficialismo el contralor ya se asoma como una figura incómoda. “Fue un error votar su nombre pensando en que podría ser generoso con el sector, como lo sentimos con Ramiro Mendoza, porque Bermúdez parecía más cercano a la derecha.

Es evidente que el contralor tiene que ser autónomo y está bien que haga su trabajo, hay que asumirlo, no queda otra”, dijo un influyente parlamentario de RN.

“Creo que lo del protocolo es una alerta para tener más prolijidad al momento de actuar como Gobierno. Ya sabemos que el contralor puede ser una barrera y no un amigo. Por el bien del funcionamiento del Estado, cuando las cosas no están bien hechas, debe ser así”, afirmó un senador de la UDI.

Mientras que desde la vereda de la oposición, un senador de la Comisión de Constitución aseguró que “la derecha se ha llevado una gran sorpresa, Bermúdez fue inflexible en el Gobierno de Bachelet, por ejemplo, cuando cuestionó los contratos de la Presidencia por vía directa y la doble función del doctor Puccio o las jubilaciones en Gendarmería. Ellos esperaban que el criterio fuese más laxo con el actual Gobierno y, por el bien del país, hasta ahora no ha sido así”, dijo el parlamentario, sacando a colación dos episodios particulares.

El primero es el cuestionamiento que realizó la Contraloría sobre los contratos que La Moneda le hizo al doctor José Miguel Puccio como médico de la Presidencia a través de una sociedad privada, cuando en paralelo ejercía como director del Hospital San José. El dictamen se realizó a partir de una consulta del propio profesional sobre la compatibilidad de ambas funciones.

El caso que recordaron en la oposición se relaciona con los contratos directos de la Presidencia con cinco proveedores, ante lo cual la Contraloría recomendó sanciones para las remuneraciones de algunos funcionarios, como el ex director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, y otros dos miembros de la repartición.

Gendarmería, Medio Ambiente y Codelco

Otro episodio en el que Bermúdez complicó a la administración bacheletista fue el relacionado con las 400 jubilaciones irregulares al interior de Gendarmería, entre ellas, la de la periodista Miriam Olate, ex esposa del entonces diputado PS, Osvaldo Andrade. En ese momento, Bermúdez afirmó que se trató de gente que “se aprovechó del sistema” para cobrar abultadas pensiones, manteniéndose en Dipreca cuando les correspondía cotizar en el sistema de AFP.

Otro de los encontrones fue el que tuvo con el Ministerio de Medio Ambiente, por enviar tarde el plan de descontaminación de Santiago, sobre el cual la Contraloría debe efectuar la toma de razón para que pueda entrar en funcionamiento. “Eso se llama procrastinación, dejar todo para última hora. Nos piden que saquemos la pega a tiempo, pero hágannos llegar la pega a tiempo también”, se apuntó desde el órgano contralor.

Meses después, en septiembre del 2017, Jorge Bermúdez asistió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre adquisiciones en Codelco. En la instancia, sugirió claramente que había corrupción en el hecho de que varios contratos –según una investigación de la institución que lidera– fueran adjudicados por asignación directa y a personas con nexos de parentesco con ejecutivos de la cuprífera por un valor de US$782 millones, entre los años 2013 y 2015, período que fue el auditado. El episodio generó una airada respuesta desde la minera estatal contra el organismo.

Todos estos episodios tenían a la derecha aplaudiendo el papel de la Contraloría y, sobre todo, reafirmando las referencias que llegaron al Senado sobre Bermúdez y que llevaron a Chile Vamos a ratificar su nombramiento sin cuestionamientos.

Bermúdez fue asesor en 2012 del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand. En ese puesto promovió un reglamento para proveedores y evitar, así, un problema como el surgido desde el caso Fragatas. Inhabilidades por parentesco, relaciones comerciales y, por supuesto, antecedentes penales.

Con ese trabajo fresco en la retina, los senadores que eran de oposición durante el Gobierno de Bachelet vieron un perfil más proclive a su sector. Todo lo contrario al nombre del abogado Enrique Rajevic, nominado en septiembre de 2015 por La Moneda, que perdió por un solo voto en la Sala –obtuvo 21 a favor y 12 en contra–, con los argumentos de no haber restituido a tiempo los fondos de una beca estatal y ser «muy cercano» a la Democracia Cristiana. “Más que un contralor, la Presidenta ha nominado a un hincha”, sostuvo en ese momento el senador RN, Manuel José Ossandón.

Rajevic además era reconocido como cercano al ex ministro del Interior, Jorge Burgos, quien lo propuso. Menos evidente al parecer fue la cercanía –a través del mundo del Derecho Ambiental en el que Bermúdez es experto– con Ana Lya Uriarte, también especialista en el tema, ex ministra del ramo y ex jefa de gabinete de Bachelet.
Desde que egresó de Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, en 1993, Bermúdez trabajó en la Conaf de la V Región, además del Departamento Medioambiental del CDE en la zona, en la Subsecretaría de Pesca y como asesor para las refinerías de Enap. Antes, en 2008, expuso a favor de Yasna Provoste para intentar que no prosperara la acusación constitucional en su contra y que terminó con su destitución como ministra de Educación.

Con todo, al momento de ser nominado, existía unanimidad sobre la conveniencia de su nombre. En ese entonces, el senador de la UDI y actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, decía: «El nombre de Bermúdez había estado sobre la mesa desde hace bastante rato y nosotros siempre manifestamos nuestro interés en que fuera un nombre de la Contraloría». Hoy está claro que la UDI ya no piensa lo mismo.

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